El ministro de Justicia abordó el estado de las solicitudes de perdón presidencial —incluyendo casos del estallido social— y anunció cambios al sistema de nombramiento de jueces para evitar arbitrariedades.
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Una serie de materias clave para su cartera abordó recientemente el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Durante su intervención, la autoridad gubernamental profundizó en el estado actual de las peticiones de gracia, las modificaciones que se preparan para la designación de magistrados y los progresos en materia de integración social de los penados.
Al ser consultado específicamente por los requerimientos de perdón presidencial en una entrevista con radio Duna, el secretario de Estado detalló el panorama actual. En ese sentido, indicó que “existen solicitudes que están vinculadas con situaciones acaecidas el año 2019 o con condenas posteriores y también de otro tipo”.
Para ahondar en las cifras, el titular de la cartera puntualizó que actualmente “hay cinco condenas relacionadas con situaciones acaecidas durante el estallido social y luego hay otras tres en diversos delitos. Puede haber uno de lesa humanidad”.
Sobre la forma en que el Ejecutivo evaluará estas carpetas, la autoridad garantizó un apego estricto a la normativa: “Lo que vamos a hacer es respetar los procedimientos y resolver cada solicitud de indulto conforme al mérito que nos arrojan los antecedentes”.
Haciendo hincapié en los ilícitos que atentan contra los derechos humanos, Rabat fue categórico al manifestar que “voy a cumplir y hacer todo lo posible para que eso quede reflejado en la fundamentación de las resoluciones respectivas con la Constitución y la ley”.
En otro ámbito del quehacer judicial, el ministro anticipó los próximos pasos legislativos que se darán en la Cámara Alta. Específicamente, anunció que ante la Comisión de Constitución del Senado se ingresarán “las indicaciones a la reforma constitucional sobre el nombramiento de jueces y sobre la gobernanza del Poder Judicial”.
El objetivo central de esta iniciativa es establecer un mecanismo desprovisto de arbitrariedades, argumentando que “En un sistema que debe ser profesional y objetivo, quien integre el primer lugar en la quina es quien obtenga las más altas calificaciones”.
La labor del Estado en la rehabilitación de quienes han delinquido fue otro de los ejes abordados por el funcionario. Al respecto, recalcó las nuevas atribuciones de su repartición señalando que “Luego de la reforma constitucional queda en el Ministerio de Justicia todo lo que es reinserción”. Junto con ello, remarcó la importancia de esta tarea al afirmar que “estamos convencidos de que reinserción es igual a seguridad”.
Para concluir su balance, Fernando Rabat hizo alusión a un proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso Nacional. Dicha propuesta legislativa tiene como propósito impedir la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva a mujeres que se encuentren en estado de embarazo o que tengan hijos menores de 2 o 3 años, estableciendo excepciones únicamente cuando se trate de la comisión de delitos de carácter grave.
PURANOTICIA
