Las palabras del ministro Luis Cordero se dan en un contexto en que Lipigas informó haber detectado un acceso no autorizado a su sistema de notificaciones.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este domingo el envío de mensajes políticos a través de la aplicación móvil de Lipigas, señalando que la situación debe analizarse desde dos ámbitos distintos y que la Agencia Nacional de Ciberseguridad se mantiene atenta a la evolución del caso.
Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que la exministra y candidata del oficialismo, Jeannette Jara, junto a su comando, presentaran una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel) por una eventual infracción a la normativa vigente sobre propaganda electoral.
“Aquí has dos aspectos: uno es que el que está asociado a la eventual infracción a la Ley Electoral, pero eso es un asunto que está viendo el Servel; y lo segundo, es si efectivamente la empresa ha sido objeto o no de un ilícito en sus sistemas informáticos, un aspecto del que es conveniente tener una evaluación durante el día por razones obvias de responsabilidad propia de la compañía, de ella con los datos que tiene de sus usuarios”, afirmó Cordero.
El ministro enfatizó que, más allá del análisis electoral, existe un componente relevante vinculado a la seguridad de la información y a los deberes de las empresas frente a los datos de sus usuarios, materia que está siendo seguida por el Estado a través de sus organismos especializados.
En esa línea, añadió que “probablemente ellos están haciendo la evaluación legal, nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la agencia de ciberseguridad y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan, pero principalmente hay que estar atento a los deberes de diligencia de la compañía sobre este punto”.
Las palabras del ministro se dan en un contexto en que Lipigas informó haber detectado un acceso no autorizado a su sistema de notificaciones, incidente que, según la empresa, fue contenido una vez identificado y que activó los protocolos de seguridad correspondientes.
Desde el Ejecutivo recalcaron que el seguimiento del caso apunta a esclarecer los hechos y a verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que recaen sobre las empresas que administran plataformas con información de carácter sensible.
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