Fernando Rabat explicó que primero se deben recabar los antecedentes, formar los expedientes administrativos y analizar individualmente cada solicitud antes de conversar los casos con el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que exista una fecha definida para resolver eventuales indultos a exuniformados y aseguró que las presiones desde sectores políticos no condicionarán el procedimiento que lleva adelante el Gobierno.
Además, la autoridad abordó la situación carcelaria y confirmó que proyectan tener 20 mil plazas adicionales para distribuir a los internos.
En conversación con radio Pauta, el secretario de Estado manifestó ante la posibilidad de que las decisiones se adopten en torno al 11 de septiembre, que “yo no tengo ninguna fecha en el calendario en esta materia porque la ley no me impone fechas”.
Rabat explicó que primero se deben recabar los antecedentes, formar los expedientes administrativos y analizar individualmente cada solicitud antes de conversar los casos con el Presidente José Antonio Kast.
Respecto si se siente presionado por las peticiones del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, respondió que “para nada” y luego agregó que "cumplir una promesa significa cumplir con la Constitución y la ley”.
Respecto a esta matería, el ministro sostuvo que "el tema carcelario es un elemento fundamental dentro de la estructura de seguridad de un país".
En esa línea, mencionó que "hay un plan que pretendemos lograr tener en total 20 mil plazas adicionales que nos permitan distribuir de mejor manera a la población penal".
"Estamos trabajando en reuniones semanales con el Presidente de la República para incorporar a ese plan de estructura carcelario, un número adicional de plazas, poder construir unos módulos adicionales y algunas formas especiales para poder recluir a la población penal que nos permitan disminuir el hacinamiento", agregó.
Respecto al cambio que se plantea en la reforma constitucional en materia de seguridad, el secretario de Estado explicó que "tiene por finalidad reafirmar facultades que tiene el director de Gendarmería, que hoy día están establecidas en la ley. Por eso, en el proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno, se trata la situación de poder controlar y segmentar a las personas que se encuentran privadas de libertad".
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