Fernando Rabat detalló ante la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado que las peticiones se analizarán según sus propios méritos.
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Un total de 28 solicitudes de indulto se encuentran actualmente en trámite, según informó este martes el ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante su participación en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
El dato surgió a raíz de una interrogante formulada por la senadora Fabiola Campillai, quien preside dicha instancia legislativa. La parlamentaria exigió transparentar la cantidad de requerimientos presentados a favor de agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante la dictadura y el estallido social, cuestionando además si el uso de esta facultad podría constituir impunidad.
Para responder a estas inquietudes, el secretario de Estado delineó el marco bajo el cual se evalúan estas solicitudes. Al respecto, el ministro señaló que "yo creo que hay que distinguir dos cosas, una es la ley actualmente vigente, y otra es modificaciones legales que puedan hacerse en el futuro".
Siguiendo ese razonamiento, la autoridad gubernamental precisó que la normativa de hoy otorga atribuciones al Jefe de Estado para resolver este tipo de requerimientos. Sobre este punto, indicó que "hoy día existe una ley vigente que faculta al Presidente de la República para emitir pronunciamientos sobre indultos particulares".
De igual forma, Rabat recalcó que el análisis de cada beneficio se hará de forma individual. En sus propias palabras, afirmó que "esos indultos particulares se van a evacuar atendiendo caso a caso la situación de los antecedentes que se aparejen a esos expedientes".
Al entregar el detalle de los recursos, el titular de Justicia indicó que "hoy día hay, aproximadamente, 28 solicitudes de indultos pendientes. Existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026, y en las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social. Eso es lo que le puedo contestar".
Más allá de este debate, el encuentro parlamentario también tuvo como objetivo revisar las prioridades legislativas del Ministerio de Justicia. Sumado a ello, los asistentes abordaron políticas vinculadas a la protección de derechos de grupos prioritarios, como lo son los niños, niñas, adolescentes y personas mayores.
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