“Si la investigación lleva a solicitar la extradición de integrantes del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno y el Ministerio de Justicia lo van a respaldar”, aseguró el ministro que también se refirió al caso de Bernarda Vera y del juez Antonio Ulloa.
visitas
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió al caso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda y aseguró que “si la investigación lleva a solicitar la extradición de integrantes del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno y el Ministerio de Justicia lo van a respaldar”.
“Nosotros lamentablemente tenemos historia de intervenciones de gobiernos extranjeros en nuestro país. Y no podemos aceptar la intervención de ningún gobierno extranjero en nuestro país. De ninguno, sea del signo político que sea”, aseguró el secretario de Estado en entrevista con Radio Pauta.
Y continuó: “Los crímenes por motivaciones políticas no son para nada aceptables y nuestra República, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, los tiene que percibir con toda la fuerza del Estado de Derecho”.
Consultado sobre cuál es la postura del Ministerio de Justicia en caso de que se tuviese que pedir la extradición de Diosdado Cabello, el secretario de Estado apuntó que “hay que dar con todos los responsables, los más altos que sean”.
“Esto es un crimen gravísimo, es un crimen que se lleva adelante en nuestro territorio nacional, es un crimen que no puede quedar en la impunidad, que hay que dar con todos los responsables, los más altos que sean. Si esto viene además de un gobierno extranjero, es más grave aún”, aseguró.
Jaime Gajardo se refirió, también, al caso de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig pero habría sido hallada con vida en Argentina.
El ministro aseguró que la institucionalidad actuó de manera correcta y que los antecedentes fueron entregados una vez que existió información verificable. “No había antecedentes que permitieran presumir la comisión de un delito. Una vez que se obtuvo prueba documental, se entregó de inmediato a la justicia”, afirmó.
Gajardo explicó que “el Plan Nacional de Búsqueda detectó relatos discordantes con la versión oficial y que desde abril de 2024 se solicitaron informes a organismos públicos como Cancillería, la PDI y el Registro Civil”.
Posteriormente, “en enero de este año, se informó a la familia y al Comité de Seguimiento y Participación, integrado por el INDH, la Iglesia Católica y agrupaciones de detenidos desaparecidos”.
Gajardo descarta detenciones y mala fe en la familia de Bernarda Vera, y deja en manos de la justicia la revisión de beneficios. “No hay ninguna persona detenida producto del caso Bernarda Vera y tampoco existen antecedentes de mala fe por parte de la familia al presentar los testimonios en la Comisión Rettig”.
El ministro también abordó la reciente controversia por la decisión de la Corte Suprema en el caso del juez Antonio Ulloa.
A su juicio, “la confianza en la justicia atraviesa su peor momento desde el retorno a la democracia, lo que obliga a avanzar con la reforma constitucional que modifica los sistemas de nombramiento y disciplina de magistrados”.
“El sistema judicial es uno de los pilares de nuestra democracia, y cuando la ciudadanía no confía en que sus conflictos se resolverán de forma imparcial y oportuna, tenemos un problema serio”, aseguró.
PURANOTICIA
