El secretario de Estado recordó que, tras detectar delitos de extorsión en Santiago 1, acudió a la fiscalía nacional para solicitar apoyo, pero sin éxito, cuando el fiscal nacional era Jorge Abbott. Sin embargo, la situación cambió con la llegada de Ángel Valencia.
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La detención de más de 40 funcionarios de Gendarmería por integrar una red de corrupción y tráfico de influencias fue presentada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como una muestra del control estatal sobre los recintos penitenciarios, aunque no al 100%.
Según explicó en entrevista con Radio Cooperativa, “ningún país cuenta con un control total, pero eso no significa que el Estado haya perdido su capacidad de acción”.
El operativo, subrayó, “no fue un hecho aislado ni improvisado, sino el resultado de una fuerza de tarea del Estado constituida en marzo de 2023 junto al Ministerio Público y las policías”. Esta instancia surgió tras las extorsiones detectadas en Santiago 1 a comienzos de 2022, cuando Gajardo aún era subsecretario de Justicia.
En ese momento, acudió a la fiscalía nacional para solicitar apoyo, pero “no tuvimos buena recepción”, dijo en alusión al entonces fiscal Jorge Abbott. La situación cambió con la llegada de Ángel Valencia: “Él asume en enero del 2023 y en marzo constituimos este equipo y lo que estamos viendo ayer es fruto del trabajo precisamente del Estado”.
La magnitud de la red de corrupción generó preguntas sobre la ausencia de sanciones administrativas inmediatas. Frente a ello, Gajardo fue categórico: “la estrategia es judicial y no meramente disciplinaria. Si usted comete cualquier hecho ilícito va a tener que enfrentar la justicia y lo vamos a perseguir penalmente (…) Porque usted si está cometiendo delitos no es un funcionario de Gendarmería, es un delincuente, tiene que estar tras las rejas”, sentenció. Con ello buscó marcar una diferencia entre la institución y quienes la corrompen.
El ministro reconoció la paradoja de que sea Gendarmería la institución investigada y, al mismo tiempo, la que permitió avanzar en el caso. “Es como un poco paradójico, porque estamos viendo una investigación a Gendarmería que es brutal, con un nivel de corrupción que no queremos tener (…) Pero, por otra parte, gracias a las oficinas regionales de Gendarmería (…) esto se ha podido investigar de manera así mismo de contundente y sin que se nos filtre la información”, explicó.
REFORMA EN ENERO
Como consecuencia de este escenario, el Gobierno decidió acelerar cambios institucionales de fondo. Gajardo anunció que, en enero, tras el receso legislativo, se presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 101 y que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad.
“Gendarmería tiene que ser una institución similar al resto de las instituciones en materia de seguridad (…) Y que la reinserción por cierto tiene que estar en Justicia. Eso es algo que yo creo que hay bastante consenso y transversalidad política”, señaló.
La autoridad aclaró que la reforma no implicará un gasto adicional inmediato, ya que las funciones de reinserción se mantendrán en Justicia mediante una norma transitoria. De este modo, la discusión sobre una nueva institucionalidad exclusiva para la reinserción social quedará postergada, mientras se avanza en la integración de Gendarmería al sistema de seguridad.
PURANOTICIA
