Rodrigo Cerda propone un tributo del 1,5% a los patrimonios que excedan de cinco millones de dólares y del 2,5% a quienes tengan un patrimonio de más de 22 millones de dólares.
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El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expresó sus dudas respecto a la indicación aprobada por la Cámara de Diputados respecto al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual implica un impuesto a los "súper ricos".
Puntualmente, propone un tributo del 1,5% a los patrimonios que excedan de cinco millones de dólares y del 2,5% a quienes tengan un patrimonio de más de 22 millones de dólares.
En primer lugar, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a una eventual ida al Tribunal Constitucional: "Nosotros antes de entrar en esa línea vamos a esperar y ver cómo se avanza en el Senado. Tenemos confianza en que no solo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión que yo hago: cuando sean gobierno, no les va a hacer fácil haber tenido este comportamiento previo".
Luego tomó la palabra el titular de Hacienda, quien decidió destacar la aprobación de la propuesta del financiamiento: "Hemos visto la semana pasada que pasó el proyecto de PGU, que avanzó con la unanimidad de la Sala. Hoy, aunque hemos tenido durante varios días mucho debate acerca del financiamiento, nuevamente avanza el proyecto por unanimidad. Eso quiere decir que tenemos un muy buen proyecto que está avanzando, y también muestra que tenemos todos, tanto Gobierno como oposición, el interés de pagarlo lo antes posible".
"Obviamente hay discusiones políticas como siempre, pero yo creo que los hechos hablan por si solos. La PGU está avanzando y esperamos que esto siga avanzando en el Senado. ¿Quedan cosas por ponernos de acuerdo? Sí, pero en ese sentido espero que todos, como clase política, demos soluciones a los chilenos. Y creo que ese es el ánimo", aseguró.
Sobre el impuesto ya mencionado, sostuvo: "¿Hicimos reservas constitucionales respecto a un tema? Sí, lo hicimos, por varias razones. Una de ellas es que es una materia exclusiva del Presidente de la República, y nosotros tenemos que preocuparnos de cuidar la institucionalidad".
"Segundo, también nos preocupa porque nosotros creemos eventualmente que no recauda lo que se piensa que está recaudando. Pero lo que sí reconocemos es que todavía queda debate parlamentario, y eso significa que vamos a seguir conversando para poder despachar lo antes posible", acotó.
No obstante, señaló que "lo importante es que esta política se pueda despachar durante este mes de enero. En la medida que se despache durante el mes de enero, vamos a empezar los pagos en el mes de febrero. Y para eso, el Ministerio del Trabajo, liderado por el ministro Melero, ya está trabajando en todos los procedimientos para poder pagar".
"Nosotros esperamos que lo que podamos hacer es dialogar y llegar a acuerdos, y no tengamos que retrasarlo. Porque si esto lamentablemente sigue su curso, nos obliga a ir al TC por un hecho de cuidar la institucionalidad. Pero nosotros como Gobierno hemos hecho todo lo posible por dialogar, hemos estado dialogando durante el fin de semana con distintos actores para que esto pueda avanzar. Y vamos a seguir haciéndolo durante estas dos semanas que nos quedan hacia adelante", recalcó.
Finalmente, recalcó: "Tenemos serias dudas de que ese impuesto recaude lo que tenga que recaudar. Lamentablemente, el procedimiento que se siguió infringe nuestra Constitución, y nosotros tenemos que cuidar la institucionalidad, por eso hemos hecho la reserva de constitucionalidad. Eso no implica que tengamos que ir al TC porque antes tenemos muchas etapas de diálogo donde esperamos llegar a acuerdos".
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