El titular de la cartera de Seguridad Pública advirtió un retroceso en los consensos alcanzados en materia de derechos humanos desde la transición democrática.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó las declaraciones de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser sobre el Plan Nacional de Búsqueda, advirtiendo un retroceso en los consensos alcanzados en materia de derechos humanos desde la transición democrática.
En entrevista con radio Pauta, el secretario de Estado afirmó que “sentí que habíamos vuelto a 1991”, señalando que las declaraciones de los candidatos presidenciales muestran desconocimiento sobre el contenido y objetivos del plan.
Explicó que este fue construido con participación transversal, incluyendo representantes de la oposición, y que su propósito central es cumplir el deber del Estado de buscar a quienes aún no han sido encontrados, independiente del avance judicial de cada caso.
Cordero sostuvo que detrás de las objeciones reaparecen tesis promovidas durante décadas por defensores de condenados por violaciones a los derechos humanos, como la idea de que el Estado escondería información forense. “Se están sosteniendo mentiras públicas”, dijo, y subrayó que el Servicio Médico Legal ha desmentido reiteradamente esas acusaciones, realizando pericias y clasificaciones bajo supervisión judicial.
Durante la entrevista, el ministro también abordó el nuevo capítulo del caso de corrupción judicial conocido como “Muñeca Bielorrusa”, que involucra presuntos pagos y gestiones ilegales para influir en decisiones judiciales. En ese contexto, se confirmó la detención de la pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, además de dos abogados imputados.
Cordero calificó la situación como “de la mayor gravedad”, señalando que afecta directamente la credibilidad del sistema de justicia. Además, advirtió que esta causa no es la única investigación en curso sobre posibles redes de corrupción dentro del Poder Judicial.
Respecto al caso del juez Antonio Ulloa, actualmente suspendido y objeto de una acusación constitucional, el ministro recordó que la Corte Suprema había fijado previamente un estándar riguroso en el caso de la jueza Verónica Sabaj. A su juicio, ese criterio “debería haberse sostenido”.
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