La posible designación del ministro Luis Cordero genera resistencia interna por su origen externo al organismo.
A tres semanas del cambio de mando, el nombre del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comenzó a tomar fuerza como eventual reemplazante del abogado Jaime Varela en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El cargo permanece vacante desde abril de 2025 y el Gabriel Boric tiene plazo hasta el 11 de marzo para efectuar la designación.
Según publicó El Mercurio, la trayectoria de Cordero como abogado, académico y experto en Derecho Administrativo, además de su paso por Justicia, Interior y Seguridad, lo posicionarían como una carta sólida dentro del oficialismo. Su experiencia previa a la política es ampliamente reconocida en el mundo jurídico y académico, donde además ejerce como docente en la Universidad de Chile.
Sin embargo, la eventual designación no ha estado exenta de controversia. Al interior del CDE existe incomodidad entre los abogados, principalmente por dos factores: la falta de carrera institucional de Cordero dentro del organismo y posibles conflictos de interés, debido a que en el pasado emitió un informe técnico adverso al fisco en una causa relacionada con Codelco.
Estas preocupaciones fueron formalizadas en una carta enviada al Presidente Boric por la Asociación Nacional de Abogados del CDE, encabezada por Marcelo Guerrero. En la misiva, el gremio solicita que el cargo sea ocupado por un profesional “de la casa”, destacando que el consejo requiere litigantes con vasta trayectoria y conocimiento profundo de la defensa jurídica del Estado.
Desde el organismo también subrayan que existen funcionarios con décadas de experiencia, sólida formación académica y prestigio docente que estarían siendo ignorados. En ese contexto, el nombre de Jorge Escobar, actual consejero suplente, genera consenso interno como alternativa. La discusión reabre el debate sobre si deben primar criterios técnicos y de carrera funcionaria o decisiones de carácter político en una institución clave para la defensa jurídica del país.
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