La titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género informó que el SernamEG argumentará que no fueron considerados en el proceso previo a la concesión del beneficio por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
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La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló los pasos que seguirá su cartera para revertir la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que otorgó libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de prisión por el ataque a su expareja, Nabila Rifo.
En entrevista con T13 Radio, la autoridad explicó que, si bien las libertades condicionales son herramientas legítimas definidas por los tribunales, en este caso la Corte de Apelaciones de Coyhaique omitió considerar a una parte clave del proceso judicial. “Quienes fueron parte del juicio contra la persona que fue considerada culpable por el propio tribunal, tienen el derecho a ser oídos a la hora de tomar esa decisión”, afirmó.
“Eso fue lo que no ocurrió respecto al Servicio Nacional de la Mujer como querellante, y es en base a eso que vamos a apelar”, complementó.
De esta manera, la estrategia que utilizará el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es argumentar que no fueron considerados en el proceso previo a la concesión del beneficio. “En particular, dado que fuimos querellantes y llegamos hasta la Suprema en su momento como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, vamos a apelar por no haber sido escuchados previo a la discusión de beneficios carcelarios”, expresó.
La secretaria de Estado subrayó que “los querellantes deben ser escuchados (cuando se están definiendo las libertades condicionales), de acuerdo a los procesos que se siguen en estos casos, y no fue el caso respecto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”.
Cabe recordar que Ortega fue sentenciado en 2017 por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique a 26 años de cárcel por femicidio frustrado, pena que luego fue rebajada. La reciente decisión judicial, tomada a dos tercios del cumplimiento de la condena, ha sido calificada como controvertida por autoridades y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
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