La secretaria de Estado respondió a los siete capítulos del libelo e informó que estará presente en la “cuestión previa”, donde será representada por la abogada Elisa Walker, que, de ser aprobada, dejará sin efecto la acusación.
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La ministra del Interior, Izkia Siches, entregó su réplica a la acusación constitucional en su contra, presentada por la bancada del Partido Republicano, que la acusa de “comprometer el honor de la Nación, infringir la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución” en relación a la situación en la Macrozona Sur.
La secretaria de Estado respondió a los siete capítulos del libelo e informó que estará presente en la “cuestión previa”, donde será representada por la abogada Elisa Walker, que, de ser aprobada, dejará sin efecto la acusación.
Respecto al capítulo por el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas durante el estallido social, la jefa de gabinete respondió que, si bien, el interponerlas “es una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada”.
Afirmó que “el principal órgano encargado de proteger y promover los Derechos Humanos en el continente, la CIDH, hizo una recomendación explícita a Chile, de evitar usar la Ley de Seguridad del Estado indiscriminadamente; las manifestaciones sociales acaecidas desde octubre de 2019 dejaron un saldo preocupante de personas detenidas y privadas de libertad, sin juicio previo; y en a lo menos 139 casos, debido a su menor gravedad y afectación a la seguridad del Estado, no se vislumbraron motivos plausibles para hacerla aplicable”.
En el capítulo que cuestiona que no se haya querellado por los disparos durante su frustrada visita a Temucuicui, señaló que “no existe tal cosa como un deber de presentar querellas por parte de esta Ministra del Interior y Seguridad Pública”.
Aseguró que se informó de los hechos a Carabineros, por lo que concurrieron al lugar “el fiscal de turno del Ministerio Público, personal del OS9 de Carabineros, personal del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile”.
Por el capítulo de usar el término «Wallmapu», Siches indicó que la canciller Antonia Urrejola aclaró en la Cámara de Diputados que “el gobierno argentino no realizó ninguna protesta diplomática, ni queja formal por las referidas declaraciones, y, en consecuencia, la situación no generó un problema diplomático bilateral”.
“Se debe resaltar que las artificiosas polémicas que se intentaron levantar a propósito del uso del concepto «Wallmapu», se vieron opacadas por la exitosa gira realizada por S.E. el Presidente de la República, que contó, entre otras actividades, con un concierto de la hermandad chileno-argentina”, agregó.
El capítulo relacionado por la errónea acusación por un avión que debía expulsar a ciudadanos venezolanos, Siches indicó que no existió vulneración a la probidad, ya que “esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello. No ha sido nunca mi intención declarar ‘falsedades’, ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual, como han pretendido la y los autores de la acusación”.
Pero admitió que realizó la acusación “con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco”.
En relación a la acusación que sostiene que no se están realizando todas las expulsiones migratorias, la titular del Interior aclaró que estos procesos son determinados “por un juez como pena sustitutiva para aquellos extranjeros que no residieren legalmente en el país”, y que, si bien ella “dispone de un margen de acción para adoptar las decisiones de dirección política”, su implementación “no es una cuestión que esté dentro de sus competencias”.
También negó que el permiso de residencia temporal fomente el turismo laboral. “Es claro que los requisitos previstos en el artículo 18 no suponen de ninguna manera un permiso generalizado de ingreso al país (...) Asimismo, es claro que las afirmaciones vertidas en el libelo de la acusación constitucional no son verídicas ni justificadas”, dijo.
En el sexto capítulo, relacionado con la situación en la Macrozona Sur, explicó que “la situación que describen la y los acusadores en su libelo y los perjuicios a las garantías fundamentales que invocan para acreditar una supuesta infracción al Artículo 1 de la Constitución Política de la República, no pueden ser imputadas a ninguna acción u omisión de esta ministra del Interior y Seguridad Pública, la que en sólo tres meses en el cargo no puede solucionar un conflicto de larga data en la historia de nuestro país”.
Finalmente, en el capítulo que crítica a la ministra por no haber denunciado al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la “resistencia armada”, la ministra expresó que “es claro que el Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución y ejercicio de la acción penal, siendo este el encargado de la investigación de los delitos”.
"Así, no corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en general, ni a la ministra del Interior y Seguridad Pública, en particular, perseguir ni investigar determinados delitos”, contestó.
PURANOTICIA
