La titular de la cartera de Salud ya dio explicaciones internas al Ejecutivo, señalando que no se enteró inmediatamente de la operación de urgencia de su madre.
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El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se comunicó con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, apenas se conoció la polémica intervención quirúrgica de su madre en el Hospital del Salvador.
La secretaria de Estado planteó al Ejecutivo que ella no estuvo asociada a la decisión de intervenir quirúrgicamente ni a los protocolos del recinto de salud de la comuna de Providencia ante la operación de su madre, según consigna La Tercera.
Aguilera ha señalado que no se enteró inmediatamente de la operación de urgencia de su madre, quien llegó el 23 de diciembre al hospital acompañada de su hermana.
Durante esa jornada, la secretaria de Estado estuvo inaugurando el nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la región de Valparaíso, junto a los subsecretarios Bernardo Martorell y Andrea Albagli. En el acto también participaron parlamentarios como el senador Francisco Chahuán (RN).
El Ejecutivo se alineó con la primera declaración del Hospital del Salvador, emitida tres días después de la operación, donde se defendió la decisión tomada: “La atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos… cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.
En paralelo, La Moneda optó por respaldar a la ministra Aguilera y mantenerla en el cargo, salvo que ella misma decida lo contrario, considerando que desde el Ministerio de Salud se reconoce que ha estado muy afectada por el caso de su madre.
Por el momento, la autoridad volverá a sus labores el próximo lunes 5 de enero, luego de hacer uso de parte de sus vacaciones.
El abogado republicano Raimundo Palamara ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra la titular del Minsal por los eventuales delitos de tráfico de influencias, abuso contra particulares y abuso de funciones, fraude al Fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.
La acción judicial cuestiona que la paciente fue operada en un plazo “extraordinariamente breve, bajo un procedimiento denominado fast track, el cual no es la regla general en dicho hospital ni en la red pública de salud”.
El escrito sostiene que para concretar la intervención se habrían modificado listas de espera, postergado cirugías y acelerado trámites administrativos sin justificación clínica clara. Además, se advierte que “al menos un paciente cuya cirugía habría sido postergada en el mismo contexto falleció días después”, lo que agrava la dimensión penal y administrativa del caso.
La denuncia subraya la “especial gravedad” de que la beneficiaria del trato preferencial sea la madre de la ministra de Salud, lo que genera un evidente conflicto de interés.
Por ello, Palamara solicita que, una vez admitida la querella, se cite a declarar a Aguilera y a las autoridades del Hospital del Salvador, se requieran protocolos de priorización y listas de espera, y se oficie al Ministerio de Salud para entregar comunicaciones internas vinculadas al caso.
PURANOTICIA
