Se constató que la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios.
visitas
El Ministerio de Justicia envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo de la fundación ProCultura y solicitaron iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la entidad.
Se constató que la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023.
Además, tampoco se atendió a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado, según consigna La Tercera.
En la solicitud que remitió el subsecretario Ernesto Muñoz al presidente del CDE, Raúl Letelier, se advirtió que la fundación habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios.
Entre 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de los gastos de ProCultura correspondían a remuneraciones y honorarios, mientras que el 29,65% al cumplimiento de su objeto social.
En base a los antecedentes recopilados por el Ministerio de Justicia se pudo establecer que la fundación infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además una falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.
También, se mencionó la existencia de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones de ciertas jefaturas de los proyectos adjudicados a la fundación, al igual que en los ingresos que obtenían directivos y los fundadores, salvo Casanova.
En el caso de Alberto Larraín, su renta entre 2018 y 2022, pasó de $29.700.000 a $ 94.445.764. En cinco años se hizo de $ 267.779.612.
Por su parte, Ilonka Csillag recibió $ 149.661.333 entre 2017 y 2022, pese a que durante un periodo estuvo fuera de la entidad.
En tanto, María Constanza Gómez, otrora representante legal de la fundación, pasó de recibir $950 mil en enero de 2017 a ganar $4.500.000 hacia fines de 2022.
El director de proyectos José Gatica pasó de $1.2 millones en 2017 a $ 3.5 millones en diciembre de 2022. La directora de Estudios, María Teresa Abusleme vio aumentado su salario de $1.2 millones a $ 3.5 millones en dos años, entre julio de 2020 y julio de 2022.
Ante esta situación, el escrito enviado por el subsecretario Muñoz indica que “analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta".
“Esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública", precisaron.
PURANOTICIA
