La solicitud se formalizó mediante un oficio enviado a las instituciones, luego de que dicha obligación quedara establecida en las glosas N° 21 y N° 22 del programa de la subsecretaría.
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El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, instruyó a las universidades privadas a remitir en un plazo de una semana el detalle de las remuneraciones de sus funcionarios, conforme lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.
La solicitud se formalizó mediante un oficio enviado a las instituciones, luego de que dicha obligación quedara establecida en las glosas N° 21 y N° 22 del programa de la subsecretaría.
La medida responde al debate abierto en 2024 por el sueldo de $17 millones brutos que percibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, caso que generó cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos en casas de estudio que reciben aportes estatales.
En consecuencia, el diputado Juan Santana (PS) promovió cambios en las glosas presupuestarias que regulan las transferencias por gratuidad, becas, investigación y otros programas.
En el documento, Orellana recuerda que la glosa N° 21 establece que “las instituciones de educación superior que se financien en todo o en parte con cargo a estos recursos del presente programa, deberán remitir semestralmente la nómina anonimizada del personal académico y directivo contratado bajo la modalidad de planta, contrata u honorarios que, por concepto de salario, dietas, bonos, asignaciones y viáticos mensuales, percibiera ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales”.
A su vez, la glosa N° 22 dispone que “semestralmente el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”.
Según lo informado por la subsecretaría, la fecha límite para entregar la nómina solicitada es el martes 5 de agosto de 2025, “de modo de dar cumplimiento a la exigencia establecida por el Honorable Congreso Nacional de Chile en la mencionada Ley de Presupuestos”.
Desde la cartera señalan que se han emitido los oficios correspondientes para reunir la información, incluyendo situaciones en que no existe disponibilidad mediante mecanismos de transparencia activa. Algunas universidades, añaden, ya han iniciado el contacto “para asegurar el envío de información en los plazos requeridos”.
Sin embargo, desde el mundo privado se alzan reparos frente a la obligación. Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, expresó su rechazo: “Me parece realmente absurdo que a través de dos glosas de la Ley de Presupuestos se nos obligue a informar el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de nuestras instituciones. Por una parte, tenemos que destinar tiempo para generar esta información, que cuesta entender el beneficio que tendrá para los parlamentarios, porque es claro que no aporta a la calidad de la formación de los estudiantes, que debiese ser el fin último”.
Y agregó: “Cabe preguntarse por qué este excesivo control se realiza con las instituciones de educación superior, cuando otras instituciones, que también reciben recursos públicos, como establecimientos escolares, empresas constructoras o clínicas privadas, no son sometidas a este absurdo escrutinio”.
El rector destacó que las universidades ya son supervisadas por la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación, y que “este tipo de requerimientos, establecidos en una ley de Presupuestos, atentan contra la autonomía de las instituciones, primer principio que rige al Sistema de Educación Superior, y que paradójicamente está establecido en la propia Ley de Educación Superior”.
Una postura similar manifiesta Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de Las Américas (UDLA). “Tendremos una reunión con el equipo legal para analizarlo y ver su compatibilidad con la ley de protección de datos personales”, indicó, tras confirmar que recibieron el oficio esta semana.
Al interior de las universidades persiste la duda sobre el alcance de las glosas. Mientras algunos sostienen que sólo las instituciones que reciben fondos públicos están obligadas a informar bajo la glosa N° 21, otros advierten que la N° 22 implicaría exigencias para todas.
Romaguera también cuestionó el enfoque de regulación del ministerio, señalando que el proyecto del FES, orientado a reemplazar el CAE, “conlleva una regulación excesiva en la fijación del precio de los aranceles y en la cantidad de estudiantes o matrícula. Y ahora se busca una mayor injerencia en la determinación de los salarios”.
Y concluyó: “En vez de continuar con un esquema de control de costos, precios y cantidades, nos parece más adecuada la supervisión de la Superintendencia de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación, si lo que se busca es avanzar en el desarrollo de las instituciones de educación superior”.
En tanto, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la Universidad Central, Santiago González, también mostró reparos: “Pensamos que la institucionalidad que existe en el sistema permite abordar este tipo de situaciones. Tenemos una superintendencia que tiene la responsabilidad de velar por el sistema, tiene todas las facultades para requerir información y las universidades la entregan".
"Duplicar este tipo de requerimientos, hacer ingresar a otro actor, que sería el Congreso para solicitar información, no sé si realmente aporta a los estudiantes. Hay que ser cuidadoso para no intervenir la autonomía de las universidades”, agregó.
E insistió: “Todos estamos por la transparencia, pero respetemos la institucionalidad y los canales que se han definido para esto”.
Otras instituciones han optado por no pronunciarse públicamente y aseguran estar evaluando jurídicamente cómo responder al oficio.
PURANOTICIA
