Abogado de John Griffiths y Guillermo Porcile, Jorge Balmaceda, indicó que sólo la Corte Marcial puede solicitar la restitución de fondos, no así el mencionado tribunal civil.
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La defensa de dos generales involucrados en la arista civil del caso «Pasajes aéreos», una de las hebras del caso «Milicogate», solicitó declarar incompetente al 18º Juzgado Civil de Santiago, pese a que este mismo sábado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmase la demanda contra ellos y otros nueve ex oficiales del Ejército para que restituyeran $565 millones.
Se trata de los generales John Griffiths y Guillermo Porcile, cuyo abogado representantes, Jorge Balmaceda, indicó que sólo la Corte Marcial puede solicitar la restitución de los fondos, no así el mencionado tribunal civil, pues “frente a la norma expresa de la ley, sólo es competente para recuperar los efectos de los hechos que podrían constituir delitos, exclusivamente, el tribunal militar que está a cargo de la ministra (Romy) Rutherford”, señaló el jurista.
El senador integrante de la Comisión de Defensa, Alejandro Guillier, afirmó que ya es hora de replantearse la justicia militar, ya que “si bien, es cierto que legalmente podría tener algún argumento, a los tiempos de hoy, donde las exigencias de los estándares éticos son más rigurosos, eso se va a ver muy mal, y creo que ya es hora de que no se espere que se cambien las leyes, sino que se cambien hoy las practicas que han sido tan reprochables”.
El UDI Álvaro Carter, integrante de la comisión de la Cámara, expresó su deseo de que la justicia “llegue a buen puerto, y si encuentra irregularidades y hay que devolver dineros. Se tiene que hacer, claramente. Si el Consejo de Defensa del Estado ha ingresado este requerimiento debe ser porque tiene fundadas razones”.
En tanto, el republicano Ignacio Urrutia, las emprendió contra la jueza instructora del caso, Romy Rutherford, diciendo que "ya llevamos mucho tiempo con una ministra en visita que ya debería haber resuelto hace mucho rato todo lo que está pasando; si hay culpables, no hay culpables; si realmente hubiera malversación o no hubiera malversación de fondos públicos; pero no puede seguir dilatando”.
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