La información fue emitida por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
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Un informe emitido por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez reveló que 17.118 niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado fueron víctimas de algún tipo de vulneración física, psicológica o sexual durante el año 2023, lo que corresponde a una tasa de 78 víctimas por cada mil atendidos.
La estadística fue dada a conocer en el quinto informe de política pública que realiza la entidad en torno a denuncias informadas por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE), las cuales estarían relacionadas con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra menores de edad.
El reporte surge a casi una semana desde que el Presidente Gabriel Boric firmara el decreto de creación de una comisión asesora presidencial, para esclarecer vulneraciones de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename.
Del total de afectados y afectadas, que durante el año pasado eran menores de edad, se pudo identificar que la mayoría proviene de programas ambulatorios (78%), mientras que un 15% son de centros residenciales. Pese a ello, estos lugares atendidos por el servicio estatal evidencian una tasa mayor, registrando 360 víctimas por cada mil atendidos.
Las categorías de vulneraciones que tuvieron mayor cantidad de víctimas durante 2023 son las de “contra la integridad física o psicológica” con 11.712, lo que representa el 68% del total, seguido de “contra la indemnidad sexual” con 5.458 víctimas, representando un 32%.
Según indica el reporte, tras el análisis de los casos del año pasado, las familias de las víctimas representan el principal tipo de agresor, agrupando el 43% del total de casos. Por su parte, el 41% proviene de agresores o agentes de la comunidad.
En el caso de los centros residenciales, el 43% de los registros constatan violencia entre pares. Respecto de las familias de acogida, son estas mismas el principal agente agresor, con un 63%.
En los programas ambulatorios, si bien las familias son el principal tipo de agresor, los actores de la comunidad también cobran relevancia, concentrando el 43% del total.
Las regiones con las tasas más altas de víctimas son El Maule, Ñuble y Biobío; y en el caso de residencias, los territorios con mayores tasas son Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.
En el informe, se evidencia un sesgo de género en las vulneraciones registradas, ya que el 62% de las víctimas identificadas en 2023 son mujeres y el 44% del total tiene entre 14 y 17 años.
Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “el informe da cuenta de una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes que, aunque ya están bajo protección del Estado por una amenaza o vulneración de derechos, vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerles, reparar las consecuencias y evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones”.
El organismo examinó la situación por cada región, tipo de vulneración, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias), como también, realizó un análisis especial de las denuncias que identifican una eventual situación de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (ESNNA).
La publicación da cuenta que durante el año 2023 se identificó a un total de 619 víctimas de explotación sexual cuya edad no superaba los 17 años, siendo la región de Magallanes aquella que presenta una tasa significativamente alta, con 13 víctimas por cada mil atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada mil.
Según se detalla, fue posible identificar que en el 85% de las denuncias el principal agente agresor proviene de la comunidad.
Se pudo constatar un alto nivel de denuncias de otras causales relacionadas a estas víctimas, estableciendo que por cada una de ellas, hay un total promedio de 4,7 denuncias en un solo año, en un rango que alcanza hasta las 54. Del total, 1.452 de las denuncias son “contra la indemnidad sexual” y 1.089 “contra la integridad física o psicológica”.
El informe revela que entre los años 2021 y 2023 se identificó un total de 127.254 casos de vulneración de derechos, registrando un incremento de un 122% en dos años.
Las categorías de vulneraciones con mayor cantidad de casos analizados fueron las relativas a “contra la integridad física o psicológica” con un 59,3% del total de casos, seguido de aquellos “contra la indemnidad sexual”, con un 27,7%.
En los episodios ocurridos en los centros residenciales, el documento da cuenta de un aumento de 89% entre los mismos años. Además, las transgresiones con mayor proporción son “contra integridad física o psicológica” que representan el 57,4% del total, seguido de los casos “contra la indemnidad sexual” con un 23,8%.
Los casos en familias de acogida muestran un aumento de 185% entre 2021 y 2023, siendo también la causa más reiterada aquellas vulneraciones “contra la integridad física o psicológica”, con un 69% del total.
En los programas ambulatorios (línea programática que representa el 63% del total) estos tuvieron un incremento de 132%, los cuales también se concentran en la mayoría de los casos la causal de transgresiones “contra la integridad física o psicológica”, con un 58%.
El reporte devela además que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización que los otros tipos de cuidado y programas, lo cual corroboraría la complejidad que tiene este tipo de atención, pero a la vez evidencia una “paradoja” de que la institucionalización se produce justamente por la transgresión de derechos de alta gravedad, y es justamente en este contexto en el que se produce la revictimización.
“Impedir una nueva ocurrencia de una vulneración es tarea de todo el sistema. Tenemos que tener cuidado en poner el foco sólo en el servicio, porque, por ejemplo, este informe da cuenta de un alto número de denuncias por explotación sexual que son cometidas por agentes de la comunidad”, dijo Quesille.
“Frente a esto el servicio requiere el apoyo de otros actores tales como las policías, los gobiernos locales, servicios públicos y actores judiciales. El servicio no puede asumir en solitario la tarea de la protección especializada, la que debe ser prioridad de todos los actores del Sistema de Garantías”, agregó.
(Imagen referencial)
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