El ajuste, postergado por tres meses, busca saldar una deuda acumulada de US$ 800 millones con las eléctricas desde la pandemia. Mientras millones de familias verán aumentos moderados o incluso bajas en sus cuentas, el Gobierno intenta contener el impacto en medio de críticas por el retraso de la medida.
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El proceso para saldar la deuda acumulada con las compañías eléctricas desde el periodo de la pandemia comenzará finalmente en el segundo semestre. Según proyecciones de la Superintendencia de Combustibles y Electricidad (SEC), este ajuste tarifario significará que unos 430 mil hogares enfrentarán incrementos de entre el 10% y el 20% en sus cuentas de luz a partir de julio.
La postergación del cobro, que inicialmente debía entrar en vigencia en abril, fue confirmada recientemente por la SEC tras considerar solicitudes de diversos parlamentarios y representantes de la industria. Los datos, obtenidos mediante una solicitud de Transparencia por el académico de la Usach, Humberto Verdejo, y publicados por El Mercurio, revelan que el organismo regulador se encuentra recalculando las variaciones sobre la base de múltiples parámetros técnicos.
El impacto de la medida será heterogéneo entre la población. Mientras que para cerca de cuatro millones de familias el alza mensual no superará el 5%, existe otro segmento de 1,5 millones de clientes que percibirá aumentos de entre el 5% y el 10%. Por el contrario, una cifra similar de 1,5 millones de usuarios experimentará una disminución en sus tarifas debido a devoluciones programadas.
Desde el Gobierno, la ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró el aplazamiento de la medida. “La buena noticia es que no hay alza de la cuenta de luz a partir del primero de abril y estamos trabajando para resolverlo a la brevedad posible”, señaló la autoridad. Rincón añadió que, pese a la prórroga de tres meses facilitada por la superintendenta Marta Cabeza, el Ejecutivo busca una solución rápida: “No nos vamos a tomar los tres meses... y obviamente (es) para generar el menor impacto a la ciudadanía. Las cuentas debían subir y no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando”.
Sin embargo, el retraso en el pago de los US$ 800 millones pendientes ha generado cuestionamientos desde el ámbito técnico. El economista Jorge Hermann calificó la decisión como una maniobra política influenciada por el alto precio de los combustibles, asegurando que “no hay un elemento técnico que justifique postergar esto”.
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