El operativo fue ejecutado por el GOPE de Carabineros y según Fiscalía se realizó para incautar documentación en medio de las diligencias investigativas por la denuncia de eventual fraude en la campaña a gobernadora metropolitana de Karina Oliva.
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El abogado Luis Mariano Rendón había interpuesto una querella por los delitos de vejación injusta y violación de secretos a raíz del allanamiento de la sede del Partido Comunes que se llevó a cabo el pasado viernes.
El operativo fue ejecutado por el GOPE de Carabineros y según Fiscalía se realizó para incautar documentación en medio de las diligencias investigativas por la denuncia de eventual fraude en la campaña a gobernadora metropolitana de Karina Oliva.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Santiago no acogió a tramitación la querella de Rendón tras considerar que el procedimiento policial estuvo apegado a la ley.
La resolución asegura que "se cumplieron los requisitos legales, se autorizó la entrada, registro e incautación de los elementos vinculados con el delito investigado, en las dependencias de los domicilios ubicados en calle Merced”.
“Con el mérito de dichos antecedentes, y tras estimarse que la diligencia resultaba necesaria para asegurar los fines del procedimiento, y evitar que la eventual evidencia contable pudiera desaparecer, trasladarse o alterarse, es que esta judicatura concedió la autorización judicial por el período de veinticuatro horas, el día diecinueve de noviembre último”, complementa.
Rendón criticó al tribunal tras señalar que "se explaya en consideraciones de fondo sobre el delito de corrupción que se investiga, las que no vienen al caso. Lo que se imputa en la querella es haber realizado una diligencia, en principio legítima y pertinente, de una forma abusiva y desproporcionada y con amplia publicidad, todo destinado a impactar en la opinión pública”.
“Además, no dice una palabra el juez Ponciano Salles por el delito de violación de secreto cometido a filtrar a la prensa la diligencia. Esa falta de pronunciamiento sobre uno de los delitos imputados puede llegar a comprometer la responsabilidad del juez. Todo esto lo haremos ver ante la corte en el recurso de apelación que interpondré en las próximas horas", complementó.
El allanamiento fue duramente cuestionado por distintos integrantes de Apruebo Dignidad, quienes acusaron un "show televisivo" e "intervención política" debido a que Comunes habría estado disponible para las diligencias de la investigación. Incluso, el procedimiento fue criticado por el propio Servicio Electoral (Servel) y el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Recordemos que el Ministerio Público abrió una indagatoria a raíz de un reportaje de Ciper Chile, el cual reveló que siete militantes de Comunes emitieron boletas por $137 millones por conceptos de asesorías en la candidatura a GORE RM de Oliva. Entre ellos figuraba el expresidente del partido, Jorge Ramírez.
Los montos figuran entre los más altos de una campaña desde que existe el registro del Servel y para encontrar este nivel de valores habría que remontarse a las carreras presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez en 2017.
PURANOTICIA
