El fiscal regional Mario Carrera, nombrado este lunes en el caso por la Fiscalía Nacional, realizó sus alegatos con el fin de fundamentar la competencia del Ministerio Público para indagar esta causa, tras lo cual el tribunal estimó que el caso debe ser visto por la justicia civil.
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El Juzgado de Garantía resolvió la mañana de este martes que no se inhabilitará para seguir conociendo la muerte del conscripto Franco Vargas, como solicitó la ministra en visita Jenny Book Reyes, por estimar que la causa debe ser vista por la justicia militar.
El fiscal regional Mario Carrera, nombrado este lunes en el caso por la Fiscalía Nacional, realizó sus alegatos con el fin de fundamentar la competencia del Ministerio Público para indagar esta causa, tras lo cual el tribunal estimó que el caso debe ser visto por la justicia civil.
Para ello argumentó que no se han visto afectados bienes jurídicos militares en la muerte del conscripto Franco Vargas, acaecida el 27 de abril recién pasado, en el marco de una marcha de instrucción realizada en el sector de Pacollo, a ocho kilómetros de Putre.
De esta manera, el Juzgado de Garantía de Arica resolvió la competencia inhibitoria solicitada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes, en el caso por la muerte del conscripto Franco Vargas. En todo caso, la última palabra la tiene la Corte Suprema.
El sábado pasado, la ministra en visita dictó una resolución inhibitoria de competencias. “Que de conformidad con lo razonado y, visto además, lo dispuesto en los artículos 5, 6 y demás pertinentes del Código de Justicia Militar, artículo 47 del Código de Procedimiento Penal, artículo 190 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales, solicítese al señor juez del Juzgado de Garantía de Arica, se inhabilite de seguir conociendo de la causa y remita los antecedentes a este tribunal, a objeto de acumularlos al presente proceso”, sostuvo la resolución de la jueza.
El dictamen agregó que “en el evento que el Tribunal de Garantía estimara que esta Ministra en Visita Extraordinaria no es la competente para conocer de estos hechos, téngase por trabada la respetiva contienda, debiendo elevarse los antecedentes ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo prevenido en el artículo 70-A Nº5 del Código de Justicia Militar y artículo 3º de la Ley Nº 20.477”.
Este lunes, en tanto, la Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para investigue la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas ocurrida el 27 de abril pasado durante una marcha de instrucción del Ejército en Putre. Carrera lleva el juicio contra Los Gallegos.
El fiscal nacional Ángel Valencia señaló que Mario Carrera, en su calidad de fiscal regional deberá dirigir la indagatoria y ejercer la acción penal correspondiente. Sumado a ello, deberá garantizar la protección y apoyo a los familiares de la víctima.
Vargas, de 19 años, murió luego de participar en un ejercicio junto a otros 250 reclutas del Regimiento Motorizado N° 24 Huamachuco, y además del joven fallecido, otros 45 resultaron lesionados. Incluso, uno de ellos sufrió la amputación de una de sus manos producto de una septicemia.
Por su parte, la directora del INDH, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantener en los tribunales civiles. Al respecto, el instituto presentó una querella por apremios ilegítimos en el Juzgado de Garantía de Arica y pidió la realización de una serie de peritajes, como el Protocolo de Estambul, un manual de Naciones Unidas que permite verificar indicios de tortura en caso como el ocurrido en la unidad del Ejército en Putre.
“Tiene que haber justicia y justicia civil”, reiteró la directora del INDH. “Es un delito cometido contra estos jóvenes. El Estado de Chile ya tiene sanciones del sistema interamericano de justicia por haber utilizado la justicia militar en casos que no corresponden. Si el caso es visto por la justicia militar el Estado será sancionado nuevamente por el sistema interamericano de derechos humanos”, advirtió la directora del INDH.
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