La resolución de la Corte podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
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La jueza Irene Rodríguez, quien fue suspendida de sus funciones en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta cargos disciplinarios por haber ordenado, por error, la liberación de Alberto Carlos Mejía, presunto sicario vinculado al asesinato de José Reyes, conocido como el "Rey de Meiggs".
La acusación formal fue presentada por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien notificó a la magistrada el pasado 25 de agosto. La investigación disciplinaria se abrió tras la polémica decisión que permitió que Mejía abandonara el penal Santiago 1, a pesar de su presunta implicación en un crimen de alto perfil.
Actualmente, el imputado se encuentra detenido en Colombia, a la espera de su extradición a Chile. La jueza Rodríguez, por su parte, se encuentra en la etapa de preparar su defensa en este sumario, el cual se desarrolla en paralelo a la investigación penal que también la involucra.
Según fuentes cercanas al proceso, la magistrada solicitó una prórroga para presentar sus descargos y pruebas. El proceso culminará con un informe que será enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago, que tendrá la última palabra sobre el futuro de la jueza.
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