El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario sostuvo que dichos convenios “ya fueron declarados inconstitucionales e ilegales por el propio órgano contralor”.
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El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría externa y sanciones contra la Municipalidad de Santiago, liderada por Mario Desbordes (RN), por mantener convenios vigentes con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Según el parlamentario, dichos convenios “ya fueron declarados inconstitucionales e ilegales por el propio órgano contralor”.
Acnur, por su parte, se dedica a proteger a personas obligadas a escapar de conflictos, persecuciones o situaciones de apatridia.
El también diputado aseguró que la fiscalización parlamentaria no discrimina por militancia ni liderazgo municipal: “Nosotros no estamos mirando el color de la municipalidad o el color del alcalde a la hora de revisar de que efectivamente estén cumpliendo las normas como corresponde, como ha sido establecido por la propia Contraloría de la República”.
Kaiser también reconoció que Desbordes enfrenta una herencia administrativa compleja, pero insistió en que “la norma es clara y esperamos que el alcalde cumpla también con lo que prometió en su campaña, que fue el desvincularse de estos convenios con estas organizaciones internacionales que, en mi opinión, no han hecho ningún positivo a nuestro país en los últimos años”.
Sobre el rol de la ONU, el candidato planteó que su estructura “en muchas materias se ha transformado en activista de posturas políticas que pasan entonces por encima de lo que es el debate nacional y nos fuerzan cierto tipo de soluciones que en democracia en nuestro país probablemente no serían adoptadas de esa manera”.
Finalmente, expresó que espera una respuesta oportuna de Contraloría y también del propio alcalde, “y que nos transparente de antemano, antes de recibir la respuesta de Contraloría, qué es lo que ha ido avanzando en estas materias”.
Señaló que “estos acuerdos están violentando la voluntad soberana del pueblo de Chile de controlar quién vive y quién no quien vive en Chile, y también violentan hasta cierto punto las prerrogativas del propio señor Presidente de la República, que es el único que tiene derecho a cerrar acuerdos internacionales con organizaciones internacionales o con potencias soberanas extranjeras”.
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