La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, evitó responder si advirtió al mandatario sobre las inhabilidades, argumentando que su tarea es técnica y no resolutiva.
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La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, enfrenta críticas del Partido Socialista tras la destitución de la senadora Isabel Allende, decidida por el Tribunal Constitucional (TC).
Se le señala como responsable de permitir el avance en la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
Moya compareció este lunes ante la comisión investigadora sobre la fallida adquisición del inmueble. Reconoció que tanto ella como su equipo conocían la normativa que inhabilitaba a Allende y a la ministra Maya Fernández para establecer contratos con el Estado.
Sin embargo, defendió que su labor se limitó a la revisión técnico-legal de los decretos supremos, como exige la ley.
La División Jurídico-Legislativa tiene funciones específicas, como asesorar jurídicamente al Presidente, revisar la legalidad de decretos, proponer opciones legislativas y dar seguimiento a proyectos de ley.
La trabajadora evitó responder si advirtió al mandatario sobre las inhabilidades, argumentando que su tarea es técnica y no resolutiva.
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