El presidente de la UDI afirmó que al ministro de Vivienda "se le está acabando el tiempo para tomar acciones más concretas", advirtiendo que hubo "una responsabilidad política" en la falta de fiscalización. "No descarto que pueda ocurrir en las próximas semanas", adelantó.
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El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, no descartó una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en medio de los cuestionamientos por los convenios de trato directo que se han adjudicado fundaciones por parte de la cartera.
"Estamos en presencia de una figura que está siendo muy compleja y creo que al ministro Montes también se le está acabando el tiempo para tomar acciones más concretas", acusó Macaya a Radio Cooperativa.
El senador señaló que "no basta" de la ahora exsubsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas. "Hay responsabilidades políticas más importantes que en el Parlamento no tengo ninguna duda de que van a ir avanzando", consignó.
Consultado directamente por un libelo acusatorio, el timonel UDI respondió: "No descarto acciones constitucionales que puedan interponerse contra personas que aparezcan involucradas por acción o por omisión".
"A mi juicio, cuando estás en un cargo tan importante como el de ministro de Estado, hacer o generar un convenio o, incluso, si no tuviste la precaución de fiscalizar que esas entidades con las se firmaban estos convenios no tuvieran una mínima experiencia en la materia, obviamente hay una responsabilidad política", remarcó, advirtiendo que "no descarto que eso pueda ocurrir en las próximas semanas".
"Lo que el ministro Montes y el Gobierno tienen que hacer es entender quiénes son los que defraudaron la confianza del país, empleando recursos públicos que tenían un fin muy específico, que era justamente la solución del problema de los campamentos, para hacer acción política", manifestó.
Sobre la crítica del Presidente Gabriel Boric al "festival de renuncias que está pidiendo la oposición", el legislador gremialista acusó un "cambio de discurso".
"Hubo una especie de cambio de tono del discurso del Presidente Boric de 'no pongo las manos al fuego por nadie' y ayer salir, de alguna manera, a blindar a algunos personeros. Yo tampoco tengo la absoluta claridad de cuáles son sus responsabilidades individuales, pero ya han pasado demasiadas cosas e irregularidades que son necesarias de investigar para poder avanzar en todas las otras agendas", comentó.
Por ello, pidió al jefe de Estado "que trate de no hacer defensas corporativas. Es burda la operación que uno empieza a vislumbrar en el Gobierno, donde se disfraza de fiscalizador, recorre Chile buscando papeles. Eso no los va a liberar".
"Quien traspasó estos fondos fue el Gobierno y a fundaciones que están ligadas al Frente Amplio. Hay evidencia que ustedes mismos, la prensa, la opinión pública, se han encargado de ir dilucidando. Yo creo que esto tiene por un rato, sobre todo si queremos recuperar las confianzas en agendas sociales y políticas que son importantes en el Congreso", sentenció.
Recordemos que la polémica estalló luego de que Diario de Antofagasta revelase tres convenios Serviu de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región.
Los contratos fueron suscritos por el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue pareja de la legisladora, todos ligados entonces a Revolución Democrática (RD).
La situación dio pie a sospechas en torno a las ONG ligadas a RD, entre ellas Urbanismo Social. En tanto, Contreras y Andrade fueron expulsados de RD, mientras que la militancia de Pérez fue congelada.
PURANOTICIA
