La exministra denuncia vulneraciones al debido proceso, garantías judiciales, derecho a la protección judicial, derecho a la intimidad y a los datos personales, derecho al trabajo y principio de legalidad, entre otros.
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El 25 de julio, la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, fue notificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que la denuncia presentada en contra del Estado de Chile por “vulneraciones gravísimas al debido proceso” fue acogida a trámite.
El documento de la CIDH dice: “Cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al gobierno de Chile y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que presente sus observaciones”.
De acuerdo con lo publicado por La Tercera, la denuncia se refiere al proceso que derivó en la destitución de Vivanco, tras la divulgación de una serie de chats con el abogado penalista Luis Hermosilla, en el marco del denominado “Caso Audio”.
Como consecuencia de esta polémica, el pleno de la Corte Suprema activó un expediente de remoción que concluyó con su salida del Poder Judicial. Paralelamente, la Cámara de Diputadas y Diputados presentó una acusación constitucional que, tramitada junto al caso del exministro Sergio Muñoz, fue aprobada por el Senado.
“Confío en que ante esta instancia internacional imparcial pueda darse adecuada protección de los derechos que considero afectados”, expresó Vivanco tras conocer la resolución.
La representación jurídica ante la CIDH está compuesta por los abogados Fernando Toller, Ignacio Boulin, Lucas Gómez y Fabiola Cantú, todos académicos de la Universidad Austral de Buenos Aires.
En su escrito, Vivanco denuncia vulneraciones al debido proceso, garantías judiciales, derecho a la protección judicial, derecho a la intimidad y a los datos personales, derecho al trabajo y principio de legalidad, entre otros.
El trámite ante la CIDH incluye una etapa de admisibilidad y la posibilidad de alcanzar una solución amistosa. En caso contrario, la Comisión podría elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el exministro Sergio Muñoz también presentó una denuncia ante la CIDH, pese a que no fue removido por la Suprema, pero sí destituido por el Senado.
Su acusación se relaciona con hechos distintos al caso Audio y está patrocinada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz, Jennifer Alfaro, Amanda de la Fuente, Antonia Urrejola y Andrés Manhke. Muñoz también reclama la vulneración del derecho al debido proceso.
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