María Jaraquemada indicó que el caso plantea temas como "la fiscalización y la "ética o integridad personal de aquellas personas que utilizan estas licencias médicas falsas".
visitas
La abogada e integrante del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada, abordó el informe de la Contraloría General de la República que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero con licencia médica entre 2023 y 2024.
En diálogo con T13 Radio, la profesional sostuvo que “es como un síntoma de algo que es profundo. Creo que tenemos un problema grande con el probable uso de las licencias falsas en el país. Esto ya se viene investigando hace un tiempo, sabemos que hay varias personas que están siendo indagadas, médicos, pero aquí hay dos partes, una persona que la otorga y otra que la pide o se la dan. Esto nos genera un vacío fiscal tremendo”.
“Esto nos plantea muchas cosas. Primero, el tema de la fiscalización, ¿cómo puede ser tan fácil otorgar licencias médicas falsas sin que haya una fiscalización o un control? Y, por otro lado, la ética o integridad personal de aquellas personas que utilizan estas licencias médicas falsas”, señaló.
“El tema de los viajes es como un síntoma, porque en el fondo estamos viendo que estas personas habrían infringido dos cosas. Uno es el deber de reposo, que la rechazan, y el otro es la posible existencia de esa licencia médica falsa”, agregó.
En otro ámbito, la ex presidenta de la Comisión Asesora Presidencial de Probidad, creada por el Gobierno al alero del caso Convenios, se refirió al impacto generado con la percepción de corrupción en el país: “El caso Convenios ha sido un balde de agua fría en muchos aspectos. Primero, golpeó al Gobierno particularmente y al Frente Amplio”.
“Aunque la verdad es que hay personas involucradas de distintos partidos políticos, pero principalmente golpeó al Frente Amplio, que también había enarbolado unos estándares de integridad y probidad, entonces obviamente cuando tú estás más arriba, te caes más alto y creo que eso es un golpe más fuerte. También ha sido un golpe súper duro para la sociedad civil. Ahora se ha ido recuperando, pero en varias encuestas posteriores había aumentado la desconfianza hacia las fundaciones o corporaciones”, añadió.
Consultada por los avances en la implementación de las recomendaciones de la comisión asesora, la abogada planteó que “ha perdido impulso. En los primeros meses el impulso fue mucho más alto, porque estaba mucho más vigente el caso, porque el compromiso estaba más cercano, pero van entrando otras agendas en discusión, pensiones, salud, educación”.
“El tema debiera ser parte de la Cuenta Pública y también de la actividad del Congreso, porque algunos proyectos de ley están en los acuerdos prioritarios, como el de Beneficiario Final, que tanto se ha hablado y no solo se haría cargo del caso ProCultura y el caso Convenios, sino que ayudaría mucho en lo que tiene que ver con la inteligencia financiera, combatir el crimen organizado y seguir la ruta del dinero”, finalizó la integrante del Consejo para la Transparencia.
PURANOTICIA
