Las instancias de protección estatal apenas obtuvieron nota 2,8, según el reporte realizado por la plataforma «Actuar es urgente», que busca monitorear las recomendaciones recibidas por los organismos públicos para acabar con este delito.
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Nuevamente fueron mal evaluadas las instituciones del Estado involucradas en materia de infancia; esta vez, al analizar la implementación de medidas para combatir la explotación sexual infantil en el país.
Las instancias de protección estatal apenas obtuvieron nota 2,8, según el reporte realizado por la plataforma «Actuar es urgente», que busca monitorear las recomendaciones recibidas por los organismos públicos para acabar con este delito y que el año pasado también evaluó con una nota similar la acción estatal.
"El Estado de Chile mantiene una deuda abismante con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin ir más lejos, las cifras oficiales, respecto de las víctimas, son proyecciones del último estudio de la Oficina Internacional del Trabajo de 2004", comentó a El Mercurio de Santiago Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, organismo de la sociedad civil integrante de la plataforma.
También detalla “que esta situación provoca que las víctimas permanezcan largos períodos sin atención adecuada o participen en programas que no interrumpen la explotación, ni restituyen sus derechos, perpetuando la vulneración dentro del sistema de protección”.
Son 38 las recomendaciones evaluadas (medidas administrativas y dos proyectos de ley) según datos obtenidos vía Transparencia y en las páginas web de le Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso.
Las instituciones con más indicaciones –explica Rodríguez– son el Servicio Nacional de Protección Especializada, calificada con nota 1,5; el Ministerio del Interior (2,0) y la Subsecretaria de la Niñez (2,6). Destaca que el Ministerio Público, con ocho indicaciones, “si bien tiene un 3,8, al menos subió del 2,7 pasado”.
Además, en agosto de 2024 se lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, bajo el marco de la Ley de Garantías, y, en paralelo, se presentó el Cuarto Marco de Acción contra la explotación sexual infantil, que tiene como desafío avanzar en el circuito interistitucional en la materia.
Para la ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y docente de la U. del Alba, Rosario Martínez, la mala nota no es sorpresa. “Llevamos años haciendo lo mismo y esperando distinto resultado”, dijo y agregó que “este marco de acción es solo un documento, que activa realmente acciones preventivas ni respuestas reparatorias”.
El problema del Estado –planteó– “es de partida de planificación porque (…) Mejor Niñez, que debiera acudir, responder o acoger a aquellas víctimas, no tiene capacidad y nunca la ha tenido, las plazas no están calculadas según la demanda potencial y seguimos manteniendo plazas estables, sabiendo la demora y las listas de espera que existen. No se puede estar tres años esperando una terapia reparatoria para explotación sexual”.
“Creo que la nota es alta para lo que yo observo. La realidad es todavía peor”, sostuvo, por su parte el ex director del Sename, Francisco Estrada.
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