En la Comisión de Derechos Humanos del Senado se comenzó con la tramitación de un proyecto que busca regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que hayan cumplido 70 años en el caso de los hombre y 65 años para las mujeres.
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La Comisión de Derechos Humanos del Senado inició trámite de proyecto que contempla reemplazar la prisión efectiva por arresto domiciliario para personas mayores de 70 años o que padezcan una enfermedad terminal.
En concreto, este martes comenzó la discusión de la propuesta de los senadores de Renovación Nacional Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Carlos Kuschel, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Enrique van Rysselbergue (UDI).
Según consignó El Mercurio, la iniciativa de los parlamentarios de Chile Vamos busca regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad de condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido los 70 años de edad en el caso de los hombres o 65 años para las mujeres.
El abogado Héctor Salazar, comentó que la tramitación del proyecto "tiene como telón de fondo Punta Peuco", cárcel en la que se encuentran recluidas personas condenadas por delitos contra los derechos humanos.
“Aunque está planteado, y me parece correcto que así sea, como un derecho o alternativa general para cualquier persona que esté privada de libertad; pero necesariamente la lectura va a ser esa y eso hay que tenerlo presente", precisó Salazar en relación al penal de Til Til.
En conversación con el medio citado, el abogado planteó que "hoy día no es el momento, por eso planteé que en los casos más urgentes es el indulto particular el que procede, llevando los antecedentes al Presidente de la República y que él tome la decisión que le parezca, porque, como dijo la senadora Campillai, aquí hay víctimas y victimarios".
Cabe señalar que durante esta semana polémica causó una enmienda al anteproyecto de la nueva Constitución presentada por el Partido Republicano que establece que "las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio".
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, sostuvo en Cooperativa que "de 265 personas mayores de 75 años en Chile, 153 son personas condenadas por violación a derechos humanos" y afirmó que "el efecto es muy evidente, yo creo que los números hablan por sí mismos".
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