Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, solicitaron al órgano fiscalizaron que sustancie los procedimientos administrativos correspondientes e informe los resultados a la Cámara de Diputadas y Diputados.
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Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos ante la Contraloría General de la República solicitando auditorías completas: una sobre las pensiones de gracia entregadas a supuestas víctimas del estallido social y otra sobre los millonarios sueldos pagados en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Respecto de las pensiones de gracia, los parlamentarios advirtieron que “el episodio de las pensiones de gracia es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad y en particular respecto de aquellos que concede el Presidente de la República”. Recordaron que el Informe Final N°419 de la propia Contraloría detectó múltiples irregularidades, entre ellas que 58 de los 136 casos revisados correspondían a personas con antecedentes penales.
Los legisladores recalcaron la gravedad de los hallazgos, mencionando que “a más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados”.
Entre los casos más delicados, la auditoría identificó dos beneficiarios perseguidos judicialmente por fraude de subvenciones, cuatro pensiones concedidas sólo en base a relatos verbales sin respaldo documental, y siete decretos de concesión cuyas actas de entrega siguen pendientes.
En paralelo, Longton y Schalper solicitaron fiscalizar las remuneraciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en conjunto superan los $105 millones mensuales. “Estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios”, enfatizaron, subrayando que varios funcionarios ganan incluso más que el propio ministro del ramo. Entre los sueldos cuestionados destacan los $10.217.749 del subsecretario Rafael Collado y cifras entre $8,2 y $9,3 millones para jefes de división.
El requerimiento además cuestiona la idoneidad de los profesionales que lideran áreas estratégicas del ministerio, señalando la existencia de contrataciones sin experiencia en seguridad pública, y advierte una posible irregularidad en el pago automático de la Asignación de Modernización de la Ley N°19.553 sin acreditar resultados propios.
Finalmente, los diputados RN recalcaron que el costo total de las pensiones de gracia auditadas asciende a $5.434 millones, mientras que los sueldos de la Subsecretaría de Seguridad Pública significan más de $105 millones mensuales. “Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, concluyeron, solicitando que la Contraloría sustancie los procedimientos administrativos correspondientes e informe los resultados a la Cámara de Diputadas y Diputados.
PURANOTICIA
