La acción judicial busca medidas urgentes ante el colapso sanitario en Lo Herrera. Además, exige coordinar un plan de alcantarillado que costaría hasta $23 mil millones.
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, debido a la contaminación por aguas servidas que viven más de 6.500 personas del sector Lo Herrera, en San Bernardo.
El organismo solicitó al tribunal medidas de mitigación urgentes, como un plan intensivo de limpieza de fosas sépticas, un operativo de salud para enfrentar patologías atribuibles a la contaminación del agua y la higienización de los espacios públicos afectados.
La jefa regional de la entidad, Beatriz Contreras, indicó que “la situación es insostenible e indigna. No hablamos sólo de una falta de infraestructura técnica, sino una crisis sanitaria estructural que vulnera los derechos humanos a la salud, a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de más de 6.500 personas. Entre ellas hay niños, niñas y adolescentes, y personas mayores, que a diario deben convivir con rebalses de aguas servidas”.
La principal problemática es la falta de infraestructura sanitaria, el colapso de fosas sépticas y el mal funcionamiento de plantas de tratamiento. La situación se ha mantenido por décadas, afectando también al Centro de Atención Primaria de Salud Familiar Lo Herrera y establecimientos como el jardín infantil Sala Cuna Rayén y la escuela básica Las Nieves.
Frente a riesgos sanitarios como la propagación de enfermedades y otros, la jefa regional indicó que “a través de este recurso, buscamos que la justicia ordene una coordinación urgente y efectiva entre la Municipalidad de San Bernardo, el Gobierno Regional, la Seremi de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La falta de financiamiento o la inacción administrativa no pueden ser excusas para seguir postergando una solución básica y digna para miles de familias que se sienten abandonadas por el Estado”.
El recurso también plantea que la Corte instruya medidas de mediano plazo, como la constitución de una Mesa de Trabajo Técnica, que integren la Municipalidad, la Gobernación, los ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social y la empresa sanitaria del sector, a fin de fijar un cronograma para obtener el financiamiento de entre 18 y 23 mil millones de pesos que requeriría la construcción del sistema de alcantarillado que requiere el sector.
PURANOTICIA
