La justicia acogió la solicitud de Fiscalía para requisar el vale vista que la Municipalidad de Santiago había emitido para comprar el recinto, en el marco de la indagatoria por sobreprecio. En respuesta, la administración de Irací Hassler reiteró su "compromiso con la transparencia y probidad".
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público para obtener el vale vista con el que la Municipalidad de Santiago buscaba pagar la primera cuota de la ex-Clínica Sierra Bella.
La determinación ocurre en el marco de la investigación penal por eventual fraude al fisco, la cual surgió ante dos querellas que denuncian un presunto sobreprecio en los más de $8.200 millones que se intentaron pagar por el inmueble, de propiedad de la Inmobiliaria San Valentino SpA.
Una de las acciones judiciales es de los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, quienes plantean que la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición.
Según informó La Tercera, Sergio Rodríguez Oro, abogado de Kaiser e Irarrázaval, pidió al fiscal Patricio Cooper la incautación de un vale vista de $2.465.862.002 emitido a nombre de los propietarios del inmueble clínico. Aunque el persecutor pidió el documento de manera voluntaria, se topó con la negativa del notario Félix Jara, ante lo cual acudió a la justicia para obtener la autorización.
"Teniendo en consideración que se encuentra suficientemente fundada la petición, además lo solicitado es proporcional al delito investigado, el medio es idóneo y necesario con el objeto de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino del vale vista”, determinó la jueza Michelle Ibacache, de acuerdo al citado medio.
Rodríguez Oro resaltó que “evitar que la vendedora cobre el vale vista es un gran avance, ya que toda la gestión judicial iniciada tiene dos objetos. Por un lado dar protección a la víctima, la Municipalidad de Santiago, evitando un perjuicio para su patrimonio; y por el otro, sancionar el fraude al Fisco, por funcionarios municipales que infringieron sus deberes de probidad y lealtad”.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO
En un comunicado, la administración encabezada por Irací Hassler afirmó que la determinación del Juzgado de Garantía refuerza "las acciones realizadas por el municipio para evitar la inscripción y cobro de dicho documento hasta conocer el pronunciamiento de las instituciones pertinentes".
El municipio aseguró que el 2 de febrero informó al representante legal de San Valentino SpA. acerca de la instrucción de Contraloría respecto de la "obligación de abstenernos de la compra de la propiedad ubicada en Sierra Bella y Ventura Lavalle, hasta que dicho órgano resuelva".
"Posteriormente, se ofició al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croqueviellle, donde se informó que esta Corporación Municipal, acatará la instrucción de la Primera Contraloría Regional Metropolitana y en consecuencia, solicitó estimar dichos antecedentes al momento de que fuera requerida su intervención, hasta que se disponga alguna resolución del caso por parte de la Contraloría Regional", añadió.
Luego, indicó que el 21 de febrero se envió un oficio a Jara Cadot, "donde informamos que esta Municipalidad no realizará acción alguna orientada a subsanar las observaciones realizadas por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, hasta que el Organismo Contralor nos instruya sobre cómo proceder respecto a dicha adquisición".
Seguidamente, la municipalidad consignó que el 20 de marzo acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para que se le ordene al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, "que en la eventualidad que se requiera su intervención en el proceso de inscripción de las propiedades Sierra Bella N° 1181 y Ventura Lavalle N° 431, ambas de la comuna de Santiago, se le indique que debe abstenerse de proceder a la inscripción hasta que el Organismo Contralor se pronuncie".
"Cómo municipalidad de Santiago reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y probidad y hemos entregado todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y nos encontramos disponibles a aportar toda información que requiera en su momento la Fiscalía Centro Norte, ya que somos los primeros interesados en que esta situación quede despejada en sus distintas aristas", complementó la misiva.
La Alcaldía enfatizó que "esta acción autorizada por el 7° Juzgado de Garantía confirma y asegura que no existe ningún gasto de los recursos municipales, mientras las acciones de las distintas instituciones lo estime pertinente. Algo que, hemos indicado en diversas ocasiones".
"Finalmente, agregar que la adquisición de la ex clínica Sierra Bella, nos permitirá ejecutar un proyecto innovador en materia de política pública de salud local, para mejorar las condiciones en que se brindan las atenciones de los más de 37 mil vecinos y vecinas del Cesfam Padre Orellana, en una primera etapa, y posteriormente de la mano del Servicio de Salud Metropolitano Central, a los 200 mil vecinos inscritos en el sistema de salud pública", sentenció.
PURANOTICIA
