El tercer informe anual del Ministerio Público evidencia una transformación hacia estructuras más sofisticadas y con mayor arraigo territorial. El estudio advierte además sobre la creciente participación de adolescentes, el rol de las redes financieras y los vínculos criminales con la corrupción y el sistema penitenciario.
El Ministerio Público presentó el tercer Informe de Crimen Organizado en Chile 2026, durante la Jornada Nacional de Fiscales Especializados, organizada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional.
Según el documento, el crimen organizado en el país no presenta una expansión uniforme, sino que evidencia una transformación hacia mercados ilícitos más concentrados y estructuras con mayor arraigo territorial. Este escenario plantea nuevos desafíos para las autoridades, ya que su desarticulación requiere perseguir no solo los delitos, sino también las redes económicas, financieras e institucionales que los sostienen.
En esa línea, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la metodología utilizada para elaborar el informe, que, "aplicada de manera continua durante tres años- nos permite comparar períodos, reconocer tendencias y distinguir entre aquello que cambia y aquello que permanece. El informe no es un mero compendio de cifras: es una herramienta para orientar decisiones de persecución penal fundadas en evidencia".
El estudio da cuenta de una transformación del fenómeno criminal, caracterizada por una mayor concentración en el mercado de las drogas, especialmente en el microtráfico, junto con una creciente sofisticación de las estructuras delictivas.
Durante 2025, los ingresos de casos vinculados al crimen organizado aumentaron un 6,8%, impulsados principalmente por el microtráfico, que registró un alza de 49,6%. En contraste, los homicidios asociados al crimen organizado disminuyeron un 46,2%, aunque los primeros antecedentes de 2026 llaman a mantener la cautela frente a esta tendencia.
El informe también advierte sobre el aumento de víctimas de trata de personas, la participación de adolescentes en actividades criminales y los vínculos entre organizaciones delictivas, corrupción y el sistema penitenciario.
Asimismo, el documento identifica la creciente relevancia de las redes logísticas y financieras que sostienen los mercados ilícitos, además del riesgo de que organizaciones criminales locales incorporen prácticas propias de estructuras transnacionales.
De acuerdo con el tercer informe, el principal desafío consiste en avanzar desde la persecución de delitos individuales hacia la desarticulación de las organizaciones criminales. Para ello, plantea la necesidad de desarrollar investigaciones integradas, realizar un seguimiento del dinero y los bienes ilícitos, fortalecer la inteligencia criminal y mejorar la coordinación institucional e internacional.
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