Tras ataques en el Instituto Nacional y amenazas de masacre en la PUCV, Barrios exigió un sistema de alertas tempranas y apoyo integral a docentes.
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El diputado del Distrito 7 y profesor, Arturo Barrios, manifestó su profunda preocupación frente a los recientes episodios de violencia que han afectado a comunidades educativas en distintos puntos del país. Entre ellos, destacó el grave hecho ocurrido en el Instituto Nacional, donde docentes fueron rociados con un líquido inflamable, episodio que calificó como un límite “que nunca debió cruzarse”.
A este caso se suma la alarma generada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde mensajes anónimos advirtieron la posibilidad de un ataque armado e incluso aludieron a la intención de provocar una masacre. “Es inaceptable que, en pleno 2025, nuestras instituciones educativas estén sometidas a este nivel de inseguridad y vulnerabilidad”, señaló el parlamentario socialista, recordando la angustia que viven estudiantes, académicos y funcionarios.
Barrios afirmó que la educación debe ser un espacio seguro, sostenido en el respeto, el diálogo y la convivencia democrática. Sin embargo, advirtió que el escenario actual exhibe profesores amenazados, rectorías sitiadas por la incertidumbre y comunidades que sienten que sus aulas “ya no están protegidas”. Frente a ello, planteó una interrogante central: qué herramientas legales existen hoy para proteger de manera efectiva a trabajadores de la educación, tanto en colegios como en universidades.
Si bien reconoció los avances que representó la Ley 21.188, que protege a funcionarios de la salud y profesores ante agresiones, enfatizó que su alcance resulta limitado: no cubre amenazas anónimas, no aborda situaciones de riesgo masivo y no contempla protocolos obligatorios para instituciones de educación superior. Por esta razón, llamó a actualizar el marco normativo y adecuarlo a los riesgos actuales, “más impredecibles y asociados incluso a delitos graves”.
El diputado solicitó a los ministerios de Educación e Interior, así como a las comisiones de Seguridad y Educación de la Cámara, evaluar una serie de medidas:
Actualizar la Ley 21.188 e incluir a docentes universitarios.
Establecer protocolos nacionales obligatorios para prevenir y gestionar crisis en establecimientos educacionales.
Reforzar la presencia policial preventiva en zonas de alta vulnerabilidad.
Implementar un sistema de alertas tempranas, con trazabilidad de amenazas.
Asegurar apoyo psicológico y jurídico inmediato para docentes afectados.
Finalmente, Barrios subrayó que la violencia escolar no puede normalizarse. “No podemos permitir que los profesores trabajen con miedo ni que los estudiantes vivan amenazados en sus propios lugares de aprendizaje. La democracia se construye desde la sala de clases, y cuando ese espacio se debilita, se debilita todo el país”, concluyó.
PURANOTICIA
