El exministro de Justicia sugirió traspasar esta atribución a los jueces para evitar la contaminación política, tras los anuncios de José Antonio Kast sobre condenados del estallido social.
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En el marco del debate generado por la intención del Presidente José Antonio Kast de indultar a exuniformados condenados por delitos en el contexto del estallido social, el exsenador y académico de la Universidad Católica, Hernán Larraín, manifestó su rechazo a que esta potestad siga en manos del Ejecutivo. El otrora ministro de Justicia se alineó con los planteamientos de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abogando por un cambio estructural en el sistema.
En una entrevista concedida a La Tercera, Larraín fue enfático al señalar que “el indulto presidencial tal como está concebido hoy día debe terminar”. Según su análisis, la decisión podría quedar bajo la responsabilidad de un magistrado o de un juez asistido por un consejo consultivo. “Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión”, argumentó el exsecretario de Estado.
Para Larraín, el núcleo del problema reside en la transgresión de la independencia de los poderes del Estado. El exparlamentario sostuvo que “es mejor dejar esta decisión en manos de los jueces, sin limitar el acceso a este beneficio, de manera de evitar que el Poder Ejecutivo intervenga y contamine políticamente asuntos que son propios del Poder Judicial”. A su juicio, cuando el mandatario altera las consecuencias de un fallo, se produce una interferencia directa en la labor jurisdiccional.
Desde su experiencia personal liderando la cartera de Justicia, Larraín describió la complejidad de estas determinaciones. “Puedo dar fe de que se trata de un proceso extraordinariamente complejo y delicado, que cuesta mucho tomar”, confesó, añadiendo que la figura presidencial suele verse expuesta a presiones externas o motivaciones políticas que son ajenas a la naturaleza técnica de la solicitud de indulto.
Respecto a la justificación jurídica, el académico explicó que el beneficio actual modifica los efectos de un acto del Poder Judicial. “Al final, lo que hace un indulto es modificar los efectos de un acto jurisdiccional. El Poder Judicial dicta una sentencia, condena a alguien por algún delito y eso, posteriormente, es modificado en sus consecuencias por una acción del presidente de la República”, detalló Larraín, subrayando que esto genera un conflicto con la autonomía de los tribunales.
Como alternativa, el exministro propone que los beneficios de conmutación de penas se limiten a estrictas razones humanitarias gestionadas por la justicia. Según su planteamiento, “por riesgo inminente de muerte, por una enfermedad gravísima, o por la avanzada edad y habiendo cumplido una parte sustantiva de la pena”, un juez podría determinar el beneficio tras un proceso ordenado que incluya escuchar a las víctimas.
Finalmente, Larraín recordó que esta es una herencia de los sistemas monárquicos, donde el rey delegaba la justicia. “Esto viene de cuando era el rey quien delegaba la administración de justicia, y en ese contexto podía tener sentido. Pero al año 2026 nosotros podemos ir fortaleciendo el Estado de Derecho a través de preser”, concluyó, apuntando a la necesidad de modernizar las instituciones chilenas.
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