Para anticipar diferencias y evitar sorpresas en la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a asesores de la oposición y jefes de bancada a una reunión telemática el 29 de diciembre, a contar de las 17:00 horas.
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El proyecto de reajuste del sector público abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno y la oposición. La causa principal es la norma que busca restringir los despidos de funcionarios a contrata, lo que para los parlamentarios opositores constituye un intento de “amarre” previo al cambio de administración.
Para anticipar diferencias y evitar sorpresas en la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a asesores de la oposición y jefes de bancada a una reunión telemática el 29 de diciembre, a contar de las 17:00 horas. Según la invitación, el objetivo es presentar el sentido de cada norma, aunque sin mostrar aún la redacción específica del articulado.
La oposición respondió con cautela. El diputado RN Frank Sauerbaum advirtió que “luego de conocer las normas que presentará el gobierno en la ley de reajuste, que se estiman en más de 100, analizaremos en conjunto como oposición si asistimos a reunirnos con el gobierno y en qué condiciones”.
Felipe Donoso (UDI) señaló que la cita “tiene un carácter más bien informativo, pero no es posible en una reunión como esta generar una opinión acabada sobre todos los puntos”.
Agustín Romero (Republicano) agregó que “los republicanos vamos a enviar un asesor para participar de esa instancia, tomar nota de los temas que se están abordando y, con esa información, continuar la tramitación del proyecto como corresponde, de manera responsable y sin sorpresas, siempre velando por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.
Las disposiciones en disputa establecen que la no renovación de contratas “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.
La normativa agrega que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda”.
“La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”, complementa el texto preliminar.
Además, se agrega una segunda norma que regula “al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.
Otro de los focos de cuestionamiento de los diputados de la oposición es el financiamiento del reajuste. Uno de los más críticos ha sido el diputado Sauerbaum, quien afirmó que “el gobierno solamente provisionó US$600 millones, en cambio, el reajuste tiene un costo de US$1.500 millones”.
PURANOTICIA
