La idea era transformar dicha propiedad en un museo, situación que nunca ocurrió, ya que el Gobierno advirtió la irregularidad que estaba cometiendo al negociar la propiedad con autoridades de Estado, figura prohibida por la Constitución de la República.
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La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al aumento en el precio de la casa de Salvador Allende, revelando que en sólo dos semanas el costo del inmueble subió casi $100 millones. El 12 de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales estableció un valor de $828.920.942 para la propiedad, pero tras la protesta de la familia Allende, se ajustó a $922.152.558 en un periodo de 15 días.
La idea era transformar dicha propiedad en un museo, situación que nunca ocurrió, ya que el Gobierno advirtió la irregularidad que estaba cometiendo al negociar la propiedad con autoridades de Estado, figura prohibida por la Constitución.
En conversación con Radio Infinita, la ministra relevó que "hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y además existe un sumario administrativo en Bienes Nacionales, que lo que nos va a permitir es dilucidar efectivamente qué ocurrió y dónde ocurrieron las fallas y también determinar las responsabilidades que correspondan en esas instancias donde eso ocurre".
"Nosotros lo hemos dicho siempre: el interés del resguardo patrimonial es algo que ha caracterizado a este Gobierno, que es importante, que nos ayuda a construir historia, pero aquí las cosas ocurrieron de una manera que no tenían que ocurrir y ahí está el resultado”, dijo.
“El proyecto no se pudo llevar adelante, hubo que frenarlo a mitad de camino, no tuvo consecuencias porque no se transfirió propiedad, ni recursos, ni otro, pero sin duda las cosas no se hicieron como tenían que hacerse y es por eso que estas investigaciones son fundamentales", reconoció.
“El alza de precio es parte de lo que hoy día está en investigación y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando existen procedimientos en curso, es muy importante que nosotros como Ejecutivo no nos pronunciemos públicamente, sobre todo cuando se trata de trascendido o algunas filtraciones que aparecen en los medios, de manera de no intervenir con esa investigación”, reiteró.
Consultada por las consecuencias políticas, que hoy apuntan hacia la ministra de Defensa, Maya Fernández, contra quien la oposición presentó un recurso de inhabilidad al Tribunal Constitucional admitido a trámite, la vocera (s) insistió que "hoy día existe un sumario administrativo, un procedimiento, una investigación por parte de la Fiscalía. El Tribunal Constitucional está también revisando el asunto. Los parlamentarios tienen el derecho a utilizar sus atribuciones y a presentar los requerimientos que quieran, pero es importante señalar que esto está siendo visto desde distintas partes y uno se hace la pregunta de si, en el fondo, vale la pena incorporar otro elemento más, pero, de nuevo, es prerrogativa de los parlamentarios”, complementó.
"Lo que nosotros hemos dicho, y eso no va a cambiar, es que estos procesos son los procesos institucionales y tienen que llevarse adelante. Hay que colaborar con ellos y que vamos a estar atentos a los resultados de aquellos. Es lo normal que tiene que ocurrir en estos casos. Sin importar quién sea la parte involucrada”, finalizó la autoridad.
El miércoles pasado, la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el requerimiento de inhabilidad, presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra Maya Fernández, en el contexto de la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
En enero de 2023, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio recomendó no comprar las casas del Presidente Patricio Aylwin debido al alto impacto en el presupuesto de 2024, a menos que se asignaran nuevos recursos desde el Ministerio de Hacienda. Aunque reconocían el valor patrimonial de los inmuebles, se sugirió priorizar otros espacios si se recibía más financiamiento.
De acuerdo con la investigación realizada por Ciper Chile, a pesar de esta recomendación, en diciembre de 2024, el Gobierno compró las dos propiedades de la familia Aylwin Oyarzún por cerca de $1.340 millones y añadió una tercera propiedad, la del ex Presidente Salvador Allende, por $993 millones. Esta compra provocó una investigación por presunto fraude al fisco debido a la implicación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, lo que resultó en una crisis política y judicial.
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