El subsecretario Gonzalo Arenas aseguró que no existen fundamentos para acusar al ministro de Justicia y abordó la salida de Luis Silva tras la polémica por rebajas de condenas.
En medio de las presiones políticas sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las diferencias que han surgido dentro del propio oficialismo, el Gobierno salió nuevamente a defender la continuidad del secretario de Estado. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, aseguró que no existen causales para una acusación constitucional en su contra y cuestionó la manera en que se han distribuido las responsabilidades por las polémicas rebajas de condenas.
Durante una entrevista concedida este domingo al programa Mesa Central de Canal 13, el recién asumido vocero del Ejecutivo sostuvo que la discusión pública se ha concentrado en la actual administración, sin considerar los antecedentes históricos de la normativa que permitió otorgar los beneficios.
En ese contexto, Arenas puso en duda la interpretación política que se ha instalado en torno al caso, aunque evitó atribuir directamente una operación a la oposición.
“No sé si una operación de la oposición, pero coinciden muchas cosas como para tratar de imponer un relato político que, bueno, es legítimo, pero ojo, un relato político que se olvida de que esta ley lleva más de 20 años funcionando, que esta excepción a los violadores lleva más de cinco años funcionando, y que desde el 2019 se han dado más de 10 mil decretos de rebaja de penas”.
El subsecretario insistió en que la controversia debe examinarse considerando tanto las decisiones adoptadas recientemente como la aplicación de la legislación durante administraciones anteriores.
A su juicio, el relato predominante “no cuenta ni toda la verdad ni establece todas las responsabilidades, y tampoco establece una forma de solucionar este problema gravísimo”.
Pese a sus cuestionamientos, Arenas reconoció que el Ejecutivo cometió un error y afirmó que la prioridad del Gobierno es corregir la situación que originó la crisis.
“El gobierno está consciente, el gobierno asume el error, el Presidente pidió perdón públicamente al país, que el Estado le falló. Y nuestra principal preocupación es solucionar este tema”.
Uno de los puntos abordados por el subsecretario fue la posibilidad de que el ministro Fernando Rabat enfrente una acusación constitucional, iniciativa que ha generado diferencias entre parlamentarios del oficialismo.
Arenas aseguró que el Ejecutivo no está solicitando respaldo político incondicional al secretario de Estado, sino que espera que los legisladores evalúen la eventual acusación conforme a las exigencias constitucionales.
“Nosotros no le estamos pidiendo lealtad al gobierno, le estamos pidiendo lealtad a la Constitución. Aquí no se configura ninguna causal de acusación constitucional”, afirmó.
El representante de La Moneda profundizó en este argumento y sostuvo que las decisiones parlamentarias deben responder a las obligaciones propias del cargo.
“Los parlamentarios cuando asumieron, juraron o prometieron respetar la Constitución, por lo tanto, no es una lealtad política, es una lealtad al cargo por el cual fueron elegidos”.
Las declaraciones se producen en un escenario de cuestionamientos al Ministerio de Justicia, luego de conocerse las rebajas de condenas que han generado críticas desde distintos sectores políticos.
Arenas también reconoció que la controversia ha provocado diferencias dentro de la coalición de Gobierno y que todavía existen conversaciones pendientes con representantes de las bancadas.
“Por supuesto que estamos tensionados, por supuesto que todavía tenemos parlamentarios con los cuales tenemos que conversar”, indicó.
En ese sentido, señaló que continuará reuniéndose con los legisladores oficialistas para abordar las inquietudes surgidas a raíz del caso.
El subsecretario también abordó la salida de Luis Silva del Ministerio de Justicia, una decisión adoptada por el Gobierno en medio de las críticas por los decretos de rebaja de condenas.
Según explicó, la remoción del exsubsecretario no estuvo motivada por su participación en la firma de las resoluciones cuestionadas, sino por la publicación de un video en redes sociales sin informar previamente al Ejecutivo ni al titular de la cartera.
“Hay que dejar en claro, no lo sacan por el tema de la firma de los decretos, no lo sacan para aplacar esta crisis ni mucho menos, lo sacan por una razón muy concreta: dio un vídeo sin avisar y poner en alerta al gobierno, menos al ministro”, señaló Arenas.
El registro difundido por Silva contenía explicaciones sobre su actuación en la tramitación de los decretos, en las que hizo referencia a los criterios aplicados desde el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con Arenas, la publicación fue interpretada mayoritariamente como un intento de deslindar responsabilidades, lo que afectó la confianza necesaria para mantener el trabajo conjunto entre las autoridades de la cartera.
“Un equipo de esa forma quebrado no puede seguir funcionando”, afirmó.
“Somos un equipo y por lo tanto ese tipo de actitudes en un gobierno no se pueden tolerar”, agregó.
De esta manera, el subsecretario de la Segegob diferenció la responsabilidad administrativa por la firma de los decretos de las razones políticas que, según su explicación, motivaron la salida de Silva.
Durante la entrevista, Arenas también fue consultado por las resoluciones firmadas por Luis Silva relacionadas con internos de Punta Peuco.
Sobre este punto, evitó entregar explicaciones en nombre del exsubsecretario y sostuvo que corresponde a Silva responder por sus actuaciones.
“Esa parte del subsecretario Silva habría que preguntársela a él”, manifestó.
Sin embargo, el representante del Ejecutivo planteó que la aplicación de rebajas de condenas a internos de ese recinto no constituye una situación exclusiva de la actual administración.
Según afirmó, “en el caso de los presos de Punta Peuco, en los últimos 20 años se han aplicado más de 40 rebajas de condena”.
Arenas utilizó estos antecedentes para insistir en que el debate debe considerar la aplicación histórica de la normativa y no limitarse a los decretos recientemente cuestionados.
Respecto de la actuación del ministro Fernando Rabat, el subsecretario aseguró que el titular de Justicia entregará las explicaciones correspondientes sobre cada una de las decisiones adoptadas.
“Él va a dar cuenta de cada razonamiento en cada caso, porque está fundado”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que existirían “razones fundadas y de buena fe para la aplicación de esos decretos”.
Con estas declaraciones, el Gobierno mantiene su defensa del ministro Rabat mientras enfrenta cuestionamientos por las rebajas de condenas y conversaciones pendientes con parlamentarios del oficialismo.
La posición expresada por Arenas apunta a separar el reconocimiento del error político de una eventual responsabilidad constitucional del ministro, cuya existencia deberá ser evaluada por las instancias correspondientes si se presenta formalmente una acusación.
PURANOTICIA