En un documento firmado por la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se afirma que la empresa Ingesmart incumplió las bases del acuerdo de voluntades con el fisco, mostrando un retraso de 768%.
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La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) puso término anticipado al contrato de “mil cámaras” que sustentaron el programa “Calle Segura”, iniciativa del último gobierno de Sebastián Piñera que había sido renovada por la actual administración.
Según "Informe Especial" de 24Horas, en un documento firmado por la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se afirma que la empresa Ingesmart incumplió las bases del acuerdo de voluntades con el fisco, mostrando un retraso de 768%.
En un informe de la División de Estudios de la Subsecretaría se señala que “esta situación ha generado un perjuicio directo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al debilitar su capacidad de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de una política pública de alto impacto”.
Esta deficiencia del programa en la región Metropolitana habría implicado a 387 aparatos captadores de imágenes, afectando directamente a 21 municipios de la región Metropolitana.
“(Las casas edilicias) no han podido contar con el sistema en condiciones operativas para apoyar su labor en seguridad comunal, generando una sobrecarga en sus equipos y una creciente frustración por los retrasos injustificados y por la falta de funcionamiento en aquellas comunas donde la empresa ya ha finalizado la instalación del equipamiento”, se indica en la resolución.
Además, se asegura que “el mayor impacto lo sufre la ciudadanía, al retrasarse la entrada en funcionamiento de sistemas que buscan precisamente aumentar su seguridad, disuadir delitos y fortalecer la vigilancia en espacios públicos”.
La adjudicación de la empresa Ingesmart a esta iniciativa se realizó en 2020 durante la última administración de Sebastián Piñera, por un monto de $14 mil millones.
En ese momento, la determinación pasó a toma de razón a la Contraloría General de la República (CGR), que rechazó el contrato al detectar problemas administrativos que ponían en riesgo el cumplimiento de la iniciativa.
Ante esto, desde la administración de Piñera explicaron que las observaciones del ente fiscalizador serían subsanadas.
En junio de 2024, la Contraloría emitió una auditoría final al programa de televigilancia en la que detectó una serie de situaciones “altamente complejas”, dándose por acreditado que desde 2020 hasta al menos 2024, las cámaras, softwares, capacitaciones, entre otros aspectos, nunca funcionaron de acuerdo lo establecido en la adjudicación.
En el informe, el organismo fiscalizador da cuenta que no se aplicaron las multas a Ingesmart e instruyó a la Subsecretaría de Prevención del Delito a invocar las sanciones que establecían las bases de licitación.
“La Subsecretaría deberá implementar acciones que permitan dar cumplimiento a las funciones de supervisión, control y aplicación de sanciones y multas por incumplimientos del proveedor”, se menciona.
Previo al informe de Contraloría, en mayo de 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, resolvió que la jefa jurídica de la SPD, Priscila Márquez, dejara su cargo.
Esta decisión la habría tomado al conocer que Márquez, es esposa de Guillermo de la Jara, quien ejerce como socio del estudio que asesoró a Ingesmart en su proceso de reorganización concursal.
Ahora, la Superintendencia de Prevención del Delito confirmó que la decisión de dar término anticipado al contrato tiene relacion con los antecedentes expuestos en el informe de Contraloría.
"En el contrato, que considera 29 comunas de la región Metropolitana, se constató la existencia de incumplimientos que afectaban la esencia del requerimiento formulado por la SPD, pues siempre se consideró un proceso de instalación y puesta en marcha de no más de un año, permitiendo, de esta manera, contar con un sistema de teleprotección a nivel nacional a contar del primer año de suscripción del contrato, lo que en concreto no ocurrió”, comentaron.
Y explicaron que “al día de hoy, el contrato señalado, presenta graves incumplimientos no solo en la instalación del equipamiento ofrecido, sino que además en las funcionalidades ofertadas, lo que ha llevado a esta Subsecretaría a tomar la mejor decisión en pos del resguardo del interés público”.
Pese a esto, sostuvieron que "este es un proceso que está en curso. Desde la Subsecretaría se notificó el término anticipado de contrato a las contrapartes —en marzo de 2025—, ellos presentaron un recurso de reposición y la SPD aún está en plazo para responder a dicho requerimiento".
(Imagen referencial)
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