La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que "el Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos".
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El Gobierno se refirió a la polémica respecto a la entrega de pensiones de gracia otorgadas por el gobierno a al menos siete personas condenadas por distintos delitos, en el marco del estallido social.
En el marco del conversatorio Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile realizado en la comuna de Peñalolén, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que este beneficio se encuentra regulado por un reglamento que “que terminó de redactarse en enero del año en que asumimos, es decir antes de asumir. Hemos funcionado de acuerdo a la ley y el reglamento”.
“Ahora la pregunta que uno se hace si ese reglamento y esa ley nos gusta en la actualidad o no, y nosotros tomamos la decisión como Gobierno de que no nos gusta y que la vamos a cambiar”, anunció.
Debido a esto, el Ejecutivo presentó indicaciones que modifican dos aspectos, el primero de ellos es “tener a la vista antecedentes penales que antes no se tenían”. “Antes se entregaban pensiones sin reparar en los antecedentes, y se exigían otros requisitos”, indicó Vallejo.
El segundo punto se relaciona con la posibilidad de quitar la pensión a aquellas personas que comendar delitos.
“El Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos”, recalcó la ministra.
Asimismo, comentó que “evidentemente, esto va a iniciar recién la discusión legislativa con la presentación de estas indicaciones y probablemente venga una discusión un poco más completa”.
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