Gobierno ingresa con suma urgencia al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad

El Gobierno ingresó al Senado la reforma constitucional que fortalece la Seguridad Pública, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El proyecto contempla un plazo de 15 días para su discusión ya que fue ingresado con suma urgencia.

La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Constitución destinadas a reforzar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y las amenazas graves a la seguridad pública.

De esta forma, se propone incorporar la seguridad pública como deber del Estado. Además, se plantean nuevas medidas contra el crimen organizado y restricciones para quienes sean condenados por estos delitos.

Asimismo, se incorpora el registro de organizaciones criminales y se entrega la facultad al Presidente de la República para declarar a una agrupación como una organización terrorista o de crimen organizado, esto previo un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

Junto con ello, se señala que el Senado deberá aprobar o rechazar esta declaración mediante una sesión secreta y con dos tercios de los votos.

También se incorpora un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, el cual podrá extenderse por un máximo de 120 días, prorrogables con la aprobación del Congreso.

El proyecto establece que el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, y restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, y disponer requisiciones de bienes durante el estado de excepción.

Tras el ingreso de la iniciativa, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la reforma establece una inhabilidad de 15 años para acceder a determinados beneficios una vez cumplida la condena, pero que los criterios específicos deberán ser definidos posteriormente por una ley de quórum calificado.

"Las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales, quedan entregados a una Ley de quórum calificado, es decir, esa materia va a tener que ser regulada y está entregada al legislador. Pensamos que es una muy buena forma de que, finalmente, tenga todo el respaldo del sistema político y por supuesto, también del parlamentario", mencionó.

Finalmente, indicó que el proyecto comenzará ahora su discusión en el Senado. "Este es un proyecto de reforma constitucional, que se da cuenta mañana en el Senado, y que naturalmente queda sujeto al trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos. Estamos hablando de una reforma constitucional que obviamente tiene un quórum alto, entonces hay que esperar finalmente qué es lo que se resuelve en el Congreso".

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