Desde el Ejecutivo alertaron que el proyecto no solo apunta a exuniformados de Punta Peuco, sino también a criminales de alta connotación pública.
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La ofensiva del Gobierno contra un proyecto impulsado por senadores de derecha escaló en el Senado, luego de que el Ejecutivo advirtiera que la iniciativa no solo beneficiaría a exuniformados recluidos en Punta Peuco, sino que también podría abrir la puerta a la liberación de condenados por delitos extremadamente graves, como el denominado psicópata de Alto Hospicio.
La controversia se desató con el inicio de la discusión, en primer trámite constitucional, de una moción encabezada por el senador Francisco Chahuán, junto a Luz Ebensperger, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Luciano Cruz-Coke. El proyecto, presentado el 30 de enero de 2025, permite “la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad“, mediante reclusión domiciliaria total, en casos de enfermedad crónica, mental o para personas mayores de 80 años.
Tras su paso por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en noviembre de ese año, la iniciativa llegó a la Sala para su análisis en general y particular. Sin embargo, la discusión se entrampó debido a reparos transversales, lo que impidió que el proyecto fuera sometido a votación, como pretendían sus patrocinadores.
Durante la sesión, el senador Alfonso de Urresti solicitó que la propuesta fuera revisada por la Comisión de Constitución. “Es importante que la comisión especializada pueda ver ese proyecto”, sostuvo el parlamentario socialista. La petición fue desestimada, según recordó el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, al señalar que ya había sido rechazada en la reunión de comités.
“Usted tiene razón en lo que señala pero la sala es soberana”, replicó De Urresti, insistiendo en su postura. A los cuestionamientos se sumaron Daniel Núñez, quien anunció reserva de constitucionalidad, y Matías Walker, quien advirtió que el proyecto “tiene vicios de constitucionalidad”. Finalmente, Juan Ignacio Latorre solicitó una segunda discusión, lo que bloqueó reglamentariamente la votación de la iniciativa.
Advertencia del Ejecutivo
Superado el debate procedimental, el Gobierno endureció su postura. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó duramente el fondo del proyecto y alertó sobre sus eventuales consecuencias.
El secretario de Estado lamentó que la moción no haya sido revisada por la Comisión de Constitución y aseguró que “tiene un conjunto de falencias técnicas realmente importantes”. En ese contexto, sostuvo que el texto permitiría beneficiar no solo a exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos, sino también a personas sentenciadas por delitos de extrema gravedad, incluidos crímenes contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el ministro, la iniciativa “desconoce la mayoritaria y tradicional visión equilibrada entre fin preventivo y retributivo de la pena que la doctrina penal y la jurisprudencia chilena han mantenido”, abriendo la posibilidad de que casos emblemáticos —como el del psicópata de Alto Hospicio— puedan acceder a un régimen de reclusión domiciliaria.
Junto con ello, Gajardo enfatizó que en el proyecto “no se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma. Tampoco se define qué se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas y, por cierto, inequidad en su aplicación”.
PURANOTICIA
