La oposición cuestionó la designación de Patricia Muñoz como directora del nuevo servicio, acusando un “amarre” y solicitando un pronunciamiento de Contraloría.
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Según diversos trascendidos, el Gobierno habría designado a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos, organismo promulgado el pasado 5 de noviembre. La información generó cuestionamientos desde la oposición, que calificó la medida como un eventual “amarre” político en la antesala de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.
Desde el Ministerio de Justicia, cartera de la cual dependerá la Defensoría de las Víctimas, indicaron que la designación será informada “en el momento oportuno”, sin confirmar oficialmente el nombramiento. Muñoz, quien se desempeñó anteriormente como defensora de la Niñez, cursa un embarazo de siete meses, situación que podría retrasar su incorporación efectiva al cargo.
Ante este escenario, la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y la eficacia administrativa del eventual nombramiento. Los parlamentarios advierten que la condición médica de la autoridad designada implicaría una licencia prolongada en una etapa clave de instalación del servicio.
En el documento, los legisladores señalan que la Defensoría de las Víctimas requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo desde su inicio, por lo que la ausencia prolongada de su directora podría afectar el cumplimiento del mandato legal que dio origen al organismo, especialmente en un contexto marcado por la crisis de seguridad y el aumento de delitos violentos.
Finalmente, desde Renovación Nacional sostuvieron que la situación debe evaluarse no solo desde la formalidad del acto administrativo, sino también desde su impacto real en el interés público. En ese sentido, solicitaron a la Contraloría determinar si el nombramiento es compatible con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública, considerando la urgencia de respuesta que demandan las víctimas de delitos en el país.
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