El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al informe elaborado por la Contraloría, donde se estableció que más de 25 000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
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El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante el periodo de reposo de sus licencias médicas.
“Nosotros condenamos estos hechos. El Gobierno desde hace algún tiempo viene impulsando un número importantes de medidas para evitar el abuso de licencias médicas”, comenzó diciendo el secretario de Estado.
En esta línea, explicó que “cuando se presenta una licencia médica falsa, generalmente, o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema que tienen que financiarla o el estado tiene que poner recursos adicionales también para financiarla. Por tanto, aquí, literalmente, ‘no paga Moya’, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos”.
“Por cierto que existe un derecho, cuando un trabajador está enfermo, tiene derecho al subsidio de incapacidad laboral, a la licencia médica, al descanso necesario para su recuperación, pero ese derecho se ejerce en la medida que tenga el fundamento médico, no cuando se abusa del sistema”, agregó.
La autoridad detalló que dentro de las iniciativas que ha estado impulsando el Ejecutivo se encuentra “la modernización del marco jurídico para evitar el abuso del sistema. Y, de hecho, hace pocos días se promulgó la ley que regula el tema de los grandes emisores”.
“Esta es una ley que veníamos impulsando hace mucho tiempo, finalmente se aprobó y nos va a permitir enfrentar el caso de los grandes emisores, que son las que emiten, descaradamente, un número significativo de licencias sin fundamentos, y que son las que hacen mayor daño desde el punto de vista económica a su financiamiento”, complementó.
En cuanto a las medidas tras el informe de Contraloría, Elizalde señaló que "en primer lugar, se está solicitando un informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, se va a instruir para que inicien los sumarios internos y, en tercer lugar, se van a entregar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analicen acciones civiles y penales”.
“Si existiera eventualmente la comisión de algún delito se ejercerán acciones penales. En caso que sea necesario establecer alguna forma de ejecución de los recursos comprometidos se van a ejercer las acciones civiles”, precisó.
Y mencionó que en el sector de salud “se han presentado 300 denuncias, al menos, al Ministerio Público a través de Compin respecto de licencias infundadas, y adicionalmente se han realizado al menos más de 1.200 sumarios para determinar las eventuales responsabilidades que corresponden”.
PURANOTICI
