El Ministro de Justicia destacó la reforma que elimina discrecionalidades políticas en concursos y fortalece los criterios técnicos, buscando recuperar la confianza ciudadana en estos servicios.
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El ministro de Justicia destacó la reforma que elimina discrecionalidades políticas en concursos y fortalece los criterios técnicos, buscando recuperar la confianza ciudadana en estos servicios
En medio del debate sobre la modernización de servicios vinculados a notarías, archivos y registros, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó este viernes los alcances de la reforma promulgada en septiembre, cuyo objetivo central es garantizar procesos más transparentes y alejados de cualquier influencia política. La iniciativa surge como respuesta a episodios que han generado preocupación pública, como la llamada “trama bielorrusa” y casos polémicos en oficinas locales, incluyendo el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
Gajardo recordó que la aprobación de esta normativa fue el resultado de un extenso proceso legislativo. “Después de una larga tramitación en el Congreso Nacional logramos aprobar una reforma que modifica de manera significativa el sistema de nombramiento”, señaló, explicando que hasta ahora el mecanismo combinaba concursos del Poder Judicial con designaciones discrecionales del Ejecutivo. Con la nueva ley, el proceso será administrado por el Servicio Civil mediante concursos “objetivos basados en mérito y capacidades, abiertos a todos los postulantes que cumplan los requisitos”.
El secretario de Estado subrayó que la implementación del nuevo sistema reduce los márgenes de discrecionalidad y fortalece los criterios técnicos. “Si hay una diferencia significativa entre los puntajes, el nombramiento es inmediato. Si no, el Ejecutivo recibe una lista prelada y deberá justificar ampliamente si no nombra al primero de la lista”, explicó.
En relación con casos que han generado controversia, como la designación de la hija del senador UDI Sergio Gahona en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto entre 2022 y 2023, Gajardo aseguró que la reforma incorpora prohibiciones expresas. “Ningún familiar directo de diputados, senadores, ministros o miembros de las altas cortes podrá ser nombrado. Esto elimina cualquier duda de interferencia política y asegura que los cargos se otorguen por mérito”, afirmó.
Además, la normativa establece reglas internas de funcionamiento para suplencias e inhabilidades aplicables a notarios, archiveros y conservadores, con el fin de reforzar la legitimidad del sistema frente a la ciudadanía. “La confianza en la justicia ha estado en niveles históricamente bajos y recuperar esa confianza es clave para nuestra democracia. Esta reforma busca que las personas que ejerzan estos oficios lleguen por sus méritos y capacidades, y no por parentesco o favoritismos”, enfatizó.
Consultado sobre eventuales responsabilidades por hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley, el ministro fue categórico: “El Ministerio Público debe investigar todos los hechos ilícitos que puedan haber ocurrido, y quienes resulten responsables deberán responder por sus actos. Esto también es fundamental para la credibilidad del sistema”.
Con esta reforma, el Gobierno busca establecer un estándar más riguroso y transparente en el nombramiento de notarios y conservadores, reduciendo los espacios de duda y evitando que prácticas cuestionadas se repitan en el futuro. La expectativa es que estas medidas contribuyan a un mayor fortalecimiento institucional y a recuperar la confianza de los ciudadanos en estos servicios esenciales.
PURANOTICIA
