El ministro de Justicia sostuvo que "yo creo que hoy día tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan con sus condenas, no haya impunidad en nuestro país".
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El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó diversos temas vinculados al sistema penitenciario, desde el avance del nuevo recinto El Arenal en Copiapó hasta el debate sobre la conmutación de penas para internos de edad avanzada o con enfermedades terminales.
En diálogo con radio Duna, el secretario de Estado manifestó sus reparos en relación al proyecto que busca la conmutación de penas, apoyado por la oposición y que actualmente se discute en el Congreso.
“La edad por sí sola no puede ser un requisito. Tenemos situaciones muy complejas con delitos muy graves”, mencionó.
La autoridad complementó que “hoy día tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan sus condenas y no haya impunidad en nuestro país”, cuestionando que el proyecto sea “muy general y no va en el sentido de lo que la ciudadanía espera”.
Respecto al nuevo penal, Gajardo indicó que “es una de las obras más relevantes en infraestructura penitenciaria de los últimos años, con 2.160 plazas y módulos de máxima seguridad, ubicado a 40 km de Copiapó”.
Y añadió: “Esperamos que, con la nueva ley, en un plazo de tres o cuatro años ya esté en operación”.
El ministro también se refirió a las amenazas contra funcionarios de Gendarmería, luego que este lunes entregaran dos arreglos florales en el Centro de Detención Preventiva (CDP), asegurando que se activaron los protocolos y que “ya se interpusieron las denuncias respectivas al Ministerio Público…ningún funcionario puede ser amenazado por el ejercicio de sus funciones”.
Sobre el aumento en los decomisos de celulares, explicó que responde a cambios operativos y normativos: “Cuando nosotros llegamos el 2022 no se hacían procedimientos masivos… Este año, producto de la sobrepoblación, estamos haciendo más de un procedimiento masivo de allanamiento mensual”. Recordó, además, que “hasta el 2022 no era delito ingresar o tener un teléfono celular al interior de un establecimiento penal”.
En relación a los casos de funcionarios involucrados en ilícitos, subrayó que “la gran mayoría ejerce lealmente su función en condiciones muy complejas, pero tenemos casos… y están siendo perseguidos por el Ministerio Público”.
Finalmente, reafirmó el consenso alcanzado en 2023 con la Fiscalía: “Coincidimos en que las cárceles son un foco de investigación y son claves para la seguridad pública”.
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