La abogada Susana Borzutzky renunció a la defensa de la fundación, así como a la de sus principales controladores, Alberto Larraín y María Constanza Gómez.
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La Fundación ProCultura y el cofundador Alberto Larraín se quedaron sin abogados tras la revelación de supuestos abonos que habría realizado Irina Karamanos a la entidad.
Según consignó La Tercera, luego que se dieran a conocer estos antecedentes, la abogada Susana Borzutzky aseguró que la expareja del presidente Gabriel Boric había realizado estos abonos por conceptos de “devolución” de dineros, pero posteriormente negó la existencia de estos.
De acuerdo al medio citado, después de ese episodio se hicieron notar “discrepancias” entre la fundación y el equipo que llevaba la defensa, lo que terminó en la renuncia de Borzutzky.
“Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura, su director ejecutivo Alberto Larraín y su representante legal María Constanza Gómez”, indicó el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.
Asimismo, mencionaron que “la investigación del caso ProCultura se encuentra reservada y estamos ciegos ante la investigación del Ministerio Público. Esto, además de impedirnos realizar una adecuada defensa técnica, también nos sorprende con filtraciones de prensa de las cuales no tenemos conocimiento previo”.
Además, aclararon que “esta mañana nos enteramos de las menciones a Irina Karamanos y tras un primer chequeo interno, verificamos que efectivamente realizó trabajos para la fundación. Sin embargo, en este primer chequeo con la fundación se indicó de manera imprecisa que ella había realizado una devolución de un fondo, lo cual fue descartado tras depurar la información contable”.
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