Representantes de Fuerza Ciudadana plantean que se está ante un acto que debe ser subsanado en favor de los trabajadores del Estado e insisten en dejar sin efecto el pronunciamiento.
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La Fundación Fuerza Ciudadana pidió a la Corte Suprema que se declare ilegal el dictamen que emitió la contralora general de la República, Dorothy Pérez, donde se establecen nuevos criterios para la aplicación del principio de “confianza legítima” a los funcionarios públicos.
Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de protección presentado por la ONG en contra de esta determinación, su presidente Raimundo Palamara (republicano) recurrió al máximo tribunal, insistiendo en que la acción debe ser declarada ilegal y arbitraria.
El tribunal de alzada había argumentado que la contralora se había apegado a la norma para emitir este dictamen, que estaba dentro de sus facultades y que no se advertían vulneraciones por las que acoger la acción judicial de la fundación.
En tanto, los representantes de la ONG han planteado que se está ante un acto que debe ser subsanado en favor de los trabajadores del Estado e insisten en dejar sin efecto el pronunciamiento de Pérez.
“No es razonable que la Corte señale que (el asunto) no es susceptible de ser resuelto por un recurso de protección, si justamente y tal como lo ha fallado esta Corte Suprema, los actos de la administración del Estado pueden ser sometidos a control jurisdiccional, mediante un recurso de protección, en atención que los actos sean discrecionales”, señalan.
Y advierten que, si bien Contraloría se basa en la normativa que la regula para emitir el dictamen, lo que le permite que pueda abstenerse de conocer materias, “no le permite crear nuevos criterios extra legales, no permitidos por el legislador”.
“Más allá del criterio extra legal que impone la Contraloría en su dictamen, igualmente le corresponde conocer, porque las materias del desahucio y las que digan relación con el estatuto administrativo municipal, son materias que reconoce la misma ley al contralor”, agregan.
Asimismo, recalcan que la norma “es clara, estamos frente a una materia que el legislador en la Ley 10.336 puso dentro de la esfera de competencias de la Contraloría, por lo que no es legal que se abstengan”.
Además, indican que “los recurrentes a la fecha de interposición del reclamo eran funcionarios a contrata en la Ilustre Municipalidad de La Cruz, y se les había notificado su no renovación, pese que sus contratas les habían sido renovadas durante tres y seis años cada uno de ellos, sin embargo, no podían reclamar su no renovación ante la Contraloría, justamente por el dictamen atacado por el recurso y una vez que se dictó la orden de no innovar interpusieron el correspondiente reclamo”.
De esta forma, aseguran que “no se entiende qué es lo que debía ‘adivinar’ la Corte de Apelaciones, si son funcionarios a contratas que no se les renovó y tenían el derecho a reclamo por dicha actuación ante la Contraloría, pero les estaba vedado hacerlo por el dictamen atacado (...) Qué más querrían adivinar, insisto, no se entiende el misterio, ni la prerrogativa”.
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