La acción fue interpuesta por trabajadores que se desempeñan como administradores y jefes de unidad en tribunales de la jurisdicción de Santiago, todos asociados a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).
Cinco funcionarios del Poder Judicial presentaron un recurso de protección contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuestos (Dipres), acusando una omisión ilegal y arbitraria que mantendría una brecha salarial "estructural" al interior de la institución.
La acción fue interpuesta por trabajadores que se desempeñan como administradores y jefes de unidad en tribunales de la jurisdicción de Santiago, todos asociados a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).
En el escrito, sostienen que desde hace años existen distorsiones en la estructura de remuneraciones del escalafón profesional que han sido reconocidas por la propia institucionalidad, pero nunca corregidas mediante un acto administrativo definitivo.
Además, argumentan que los organismos no han adoptado una decisión administrativa formal destinada a corregir diferencias en asignaciones salariales que afectan a funcionarios de los grados 8°, 9°, 10° y 11° del escalafón superior.
Asimismo, indican que "peese al tiempo transcurrido, a la reiteración de las gestiones realizadas y al reconocimiento expreso de la problemática, no se ha dictado a la fecha una decisión administrativa formal, fundada y definitiva destinada a corregir la desigualdad denunciada".
En su lugar, la autoridad ha "optado por una sucesión de instancias de análisis, evaluación y diálogo que, si bien evidencian conocimiento del problema, no han producido efecto jurídico alguno, prolongando indefinidamente una situación de inequidad reconocida", sostuvieron.
Los funcionarios plantean que la autoridad sí adoptó medidas correctivas en el pasado respecto de otros estamentos.
De acuerdo con el recurso, en el escalafón primario las diferencias salariales entre grados bordean el 14%, mientras que en el escalafón secundario pueden alcanzar hasta un 48%, sin justificación funcional, técnica ni jerárquica formalmente fundada por la autoridad.
Debido a esto, acusan vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, afirmando que la diferencia salarial genera un perjuicio patrimonial continuo.
Los funcionarios solicitan que el tribunal declare la existencia de una omisión ilegal y ordene a los organismos dictar un acto administrativo formal, fundado y definitivo que resuelva la situación y adopte medidas para corregir las distorsiones remuneracionales.
PURANOTICIA