La iniciativa busca entregar estabilidad laboral a funcionarios a contrata en el sector público.
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La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) salió a respaldar el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, en medio del debate generado por acusaciones de la oposición sobre un supuesto “amarre” de funcionarios. Morales aclaró que la norma no beneficia a cargos políticos ni a funcionarios de confianza, sino que está orientada a mejorar las condiciones de quienes desempeñan funciones a contrata bajo contratos precarios.
La iniciativa contempla el establecimiento de mayores exigencias para concretar despidos de personal a contrata, con el objetivo de evitar desvinculaciones arbitrarias. Según un estudio del centro Horizontal, la medida podría impactar a cerca de 33 mil funcionarios públicos, otorgándoles mayor estabilidad laboral en sus servicios.
Desde la oposición, la UDI reiteró su intención de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionando la constitucionalidad de la norma. El diputado Jorge Alessandri advirtió que su sector utilizará “todas las herramientas legales necesarias” para frenar la iniciativa, incluso presentando recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) descartó sumarse a la estrategia de la UDI. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela reconoció que, aunque cuestiona la medida, considera que la situación no justifica una acusación constitucional, argumentando que el uso de esta herramienta ha sido desnaturalizado por conflictos coyunturales en el pasado, afectando la institucionalidad.
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