En total, más de 300 comunas recibieron apoyo económico durante 2024, con una distribución que superó los $93 mil millones.
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Un reciente informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) ha revelado una importante falta de fiscalización en la rendición de cuentas de los fondos provenientes del royalty minero. La auditoría concluyó que un 61% de las municipalidades beneficiarias no cumplieron con la obligación de publicar el destino de estos recursos, correspondientes a los fondos transitorios de 2024. En total, se distribuyó una cifra de $93.645 millones a las 307 comunas beneficiarias.
El análisis del CPLT detectó que de 187 municipios con hallazgos, el tipo de incumplimiento variaba desde no habilitar la sección específica de transparencia, hasta no publicar la información completa o hacerlo en una ubicación incorrecta. Sin embargo, en los casos en que sí se reportó el uso de los fondos, el 97% de los municipios imputó los recursos a algún gasto. Un 37% de ellos se destinó a iniciativas de inversión, mientras que un 23% se usó en bienes y servicios de consumo.
El estudio también identificó a los cinco mayores receptores de los fondos: Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Entre las inversiones más altas reportadas, destaca una transferencia de $1.670 millones de la Municipalidad de Maipú a su corporación de educación y una inversión de $1.332 millones de La Pintana en recarpeteo de calles.
El informe de la entidad ha encendido las alarmas sobre el futuro de la transparencia en el uso del royalty minero. La obligación de rendición de cuentas, que estaba en la Ley de Presupuestos 2024, no fue incluida en la ley para 2025. Una revisión de los sitios de transparencia de los municipios en 2025 encontró que solo un 20% de ellos estaba reportando voluntariamente el uso de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió sobre las "brechas importantes de transparencia" y la necesidad de que los ciudadanos conozcan cómo se gastan estos recursos.
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