Las multas interpuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a Faasa e Inaer suman cerca de $5.500 millones.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió a la Corte Suprema que confirme la sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a Faasa (hoy Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA) e Inaer, por acuerdos colusorios desarrollados entre 2006 y 2013.
De acuerdo a la FNE, la colusión afectó licitaciones públicas y privadas para el combate de incendios forestales y por ello pide al máximo tribunal que además condene a Faasa y a Calquín por afectar un proceso de contratación realizado por Conaf en 2014.
El jefe de litigios de la FNE, Víctor Santelices, dijo que en ambos procedimientos la evidencia acompañada por la institución superó con creces el estándar que la Corte Suprema ha establecido para tener por acreditado el ilícito de colusión.
Ambos requerimientos fueron iniciados el 2020 y en ellos la FNE acusó la intervención de los ejecutivos Ricardo Pacheco (por parte de Faasa) y Rodrigo Lizasoaín (por parte de Inaer primero y Calquín después) para coordinar y ejecutar los acuerdos colusorios, solicitando también la imposición de multas para ellos.
En el primer caso, ocurrido entre 2006 y 2013, el TDLC impuso a Faasa e Inaer multas que en conjunto alcanzan las 7.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, aproximadamente $5.500 millones) y 60 UTA (casi $47 millones) a cada uno de los ejecutivos que participaron.
En el segundo caso, sin embargo, el TDLC decidió rechazar el requerimiento, acogiendo las excepciones de prescripción alegadas por las empresas acusadas.
Si bien ambos acuerdos colusorios fueron conocidos y resueltos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a través de procedimientos distintos, la Corte Suprema ordenó la vista conjunta de los recursos de reclamación interpuestos en contra de las sentencias que fallaron ambos juicios.
La investigación que dio origen a estas acusaciones es la misma que permitió detectar y acusar el cartel que operó en el mercado de combate aéreo de incendios forestales mediante aviones y por el cual se condenó en el año 2023 a Faasa junto a la empresa Martínez Ridao.
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